Valencia asume la potestad para multar pisos turísticos ilegales y aprueba el borrador de Zona de Bajas Emisiones

El hecho de que el Consistorio pueda multar a los apartamentos de uso vacacional que operen al margen de la legalidad, tal y como permite el decreto Montes aprobado el pasado verano, ha suscitado la unanimidad del pleno en el momento de la votación. Por su parte, la ZBE no ha corrido la misma suerte y ha salido adelante gracias a los votos del equipo de gobierno y la negativa de la oposición de izquierdas.

Con el visto bueno del Pleno a ambas iniciativas, el Ayuntamiento podrá imponer multas de hasta 600.000 euros a los inmuebles turísticos que operen sin licencia o comercialicen de manera turísticas sus habitaciones. Por otro lado, el borrador de la ordenanza de la ZBE, adelantando por LAS PROVINCIAS, se están instalando 278 cámaras de acceso en 68 puntos de control, que verificarán los permisos de acceso mediante la lectura automática de matrículas, así como cartelería informativa a lo largo del perímetro.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha defendido la que la ordenanza pretende «mejorar la situación de partida de la calidad ambiental» y ha recordado que su implantación se realizará de forma progresiva hasta 2028, cuando están activadas todas las medidas. Según Carbonell, se trata de un texto «proporcional, porque es lo menos restrictivos posible, que es lo que exige la jurisprudencia a la hora de implementar ZBE. Y cumple directrices y la normativa del Ministerio (delimitación mediante rondas fácilmente identificables por la ciudadanía)». Además, se contemplan «excepciones que no ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos, como los afectados por la dana con vehículos antiguos, para quienes se incluye una moratoria en la aplicación de las directrices previstas».

Cabe recordar que el primer texto de ZBE fue aprobado el pasado mes de diciembre, lo que abrió un plazo de presentación de alegaciones. En la sesión de hoy, el representante de la asociación Mesura que ha intervenido en el hemiciclo ha encendido la mecha poniendo sobre la mesa los problemas del tráfico y la contaminación en la ciudad. Asimismo, con tal de rebajar ambas variables ha propuesto crear de una comisión de seguimiento de la ZBE que traslade sus conclusiones a Europa, evaluar si la ordenanza cumple los mínimos legales para implantarse, establecer aranceles al puerto para proteger el territorio y establecer medidas de aparcamiento prioritario para residentes.

La portavoz adjunta del PSPV, María Pérez, ha definido el borrador como «una ordenanza de mínimos, que no responde al objetivo de mejorar calidad del aire». Pérez ha afeado que el equipo de gobierno local «use las rentas bajas como excusa para la inacción, pero sin embargo no han eximido explícitamente a las personas con menos recursos mediante el uso del Iprem». «La contaminación afecta directamente a la salud de los habitantes de la ciudad, y la ZBE debería ser una herramienta clave para revertir la situación; por eso debería ser para todos los barrios, no dejar a los barrios periféricos como trasteros, y convertidos en aparcamiento de la ciudad», ha zanjado Pérez.

El edil de Compromís y exconcejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, ha tildado el contenido de la ordenanza como «la cereza del pastel rancio de la Capital Verde, dado que este gobierno no tiene ninguna intención de reducir los coches ni la contaminación». Grezzi ha lamentado que no se haya aceptado «ni una sola de las aportaciones de la oposición» así como que los barrios del Marítimo y del sur estarán más contaminados al poder aparcar los vehículos de más de 30 años de antigüedad.

La ZBE valenciana se implantará de forma progresiva y afectará a turismos, motocicletas y ciclomotores con la etiqueta A, según el catálogo de distintivos medioambientales de la DGT, salvo algunas excepciones. Quedarán excluidos de las restricciones los vehículos asociados a actividades económicas (pymes, autónomos...), con el fin de proteger los intereses económicos y sociales de la ciudad.

Desde la entrada en vigor de la norma hasta el 30 de noviembre de 2025 se pondrá en marcha una fase informativa donde se dará preaviso a los vehículos afectados por las restricciones. El 1 de diciembre de 2025 se iniciará la fase sancionadora que afectará a los vehículos más contaminantes registrados fuera de la provincia, que se mantendrá durante el año 2026. El 1 de enero de 2027 se ampliará la fase sancionadora a los registrados en la provincia excluyendo a aquellos matriculados en la ciudad. Finalmente, el 1 de enero de 2028 se hará extensible a cualquier vehículo que entre en el municipio.