València en Comú incendia el gobierno de Ribó al atacar al PSPV

La negociación para los presupuestos municipales de 2019 en Valencia se han complicado. València en Comú, uno de los tres socios del tripartito que se reunirán hoy en una alquería de Malilla para acordar las cuentas, ha cargado duramente contra la portavoz socialista, Sandra Gómez, a quien ha acusado de «ignorar» la crisis de la vivienda los tres últimos años, un día después de que la concejala pidiera construir 300 pisos en régimen de alquiler el próximo año a cargo de la empresa Aumsa, gestionada por el PSPV.

El comunicado del grupo formado por María Oliver, Berto Jaramillo y Neus Fábregas considera las propuestas de sus socios de gobierno como un buen punto de partida, pero «opinamos que la prensa no es el foro adecuado para discutir estos asuntos, ya que genera confusión en la ciudadanía e imagen de desgobierno».

A más a más, señalan que «la urgencia electoralista lleva a cometer estas prácticas, pero existen diferentes órganos comunes para trabajar estos temas. Por ejemplo, el Plan Estratégico de Vivienda establece un espacio donde todo el Ayuntamiento (vivienda, servicios sociales, AUMSA, inserción socio-laboral, juventud, etc.) participa de las decisiones en materia de vivienda, desde una perspectiva conjunta a nivel de ciudad. Además, la vivienda es un asunto demasiado delicado para gran parte de la ciudadanía con el que no se debería especular electoralmente».

La carga de profundidad llega después, cuando considera que valoran «positivamente que el Partido Socialista, con Sandra Gómez a la cabeza, haya entrado en razón y empiece a considerar seriamente la crisis de la vivienda que tanto tiempo lleva ignorando, tras tres años compartiendo gobierno en los que se han opuesto frontalmente a las políticas activas de vivienda».

No contentos con arremeter de esta manera con sus supuestos socios de gobierno, añaden que «mientras Aumsa siga funcionando con los mismos criterios que con el gobierno anterior, no podemos aceptar la propuesta de Sandra Gómez y el PSPV. Como ya se hizo constar en la reunión del pacto de la Nau del año pasado, la ciudad necesita que Aumsa asuma su responsabilidad en materia de vivienda, pero introduciendo los criterios sociales que marquen los diferentes servicios del Ayuntamiento que conocen las necesidades de nuestra ciudadanía».

En cuanto a las propuestas realizadas por el grupo municipal de Compromís, comentan que «se valoran positivamente las demandas en torno a la realización de Planes de Ordenación Turística, como València en Comú ya demandó cuando se aprobó la nueva Ley de Turismo, y destinar un 30% de las viviendas de nueva construcción a hogares sociales. Aun así, nos gustaría destacar la necesidad de redistribuir el servicio de limpieza de forma equitativa por todos los barrios, ya que nos consta que los esfuerzos en esta tarea no alcanzan a todos por igual, a pesar del esfuerzo presupuestario realizado el pasado año».

Por último, comentan que València en Comú presentará sus propuestas para crear un cuerpo de inspectores municipal que controle la proliferación de viviendas turísticas, incrementar en 2 millones de euros las ayudas al alquiler, alcanzar el 0,7% del presupuesto municipal para cooperación al desarrollo, aprobar el reglamento de participación y la creación de la Oficina de la Energía. «Uno de los principales problemas de la ciudad es el acceso a la vivienda, derivado de la burbuja de los precios del alquiler. Ante esta situación plantea dos medidas encaminadas a enfriar los precios del mercado del alquiler».

Este tipo de alojamientos retiran viviendas del mercado del alquiler para introducirlo de manera irregular en el sector turístico, lo que determina el alza de las rentas. Además, generan molestias en los barrios donde se establecen, ya que, en ocasiones la actividad normal de la vecindad se ve impedida por el ocio turístico. Por tanto, se hace necesario la implementación de medidas de control frente a la proliferación ilegal.

En segundo lugar, apuntan, sería necesario duplicar las ayudas al alquiler como medida de emergencia ante la subida indiscriminada de los precios del alquiler. En 2017, las solicitudes de las subvenciones al alquiler han aumentado más de un 100%, pasando de 2.200 a más de 5.000 este año. «Esto es un claro indicador de la crisis de la vivienda que vive nuestra ciudad y de la necesidad de incrementar esta partida para hacerle frente», indican. Por último, en el apartado de Cooperación al desarrollo, proponen que se alcance la reivindicación del sector de dedicar un 0,7% del presupuesto municipal a los países del Sur más necesitados.