ÁLEX SERRANO
Miércoles, 9 de junio 2021, 00:19
vAlencia. El Ayuntamiento aprobará en el pleno municipal del próximo mes de septiembre la ordenanza de convivencia, tal como informan fuentes de la concejalía de Protección Ciudadana. De hecho, el primer borrador llegó ayer y ahora es el momento de comenzar la negociación con el resto de grupos políticos en el Consistorio antes de sacar la ordenanza a exposición pública.
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El texto avanza dentro del laberinto burocrático del Ayuntamiento por fin tras más de tres años parado. La anterior concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, presentó el documento en verano de 2018. La ordenanza incluía importantes novedades. Aunque se centraba en problemas como la mendicidad coactiva (los gorrillas), las pintadas o las heces de los perros, trataba un asunto capital para la ciudad: el botellón. Y ahí es donde el documento se volvía 'creativo'.
Demasiado, a juicio de la Asesoría Jurídica Municipal. La ordenanza, elaborada por la Cátedra de Seguridad Ciudadana de la Universitat de València, contemplaba sanciones para los padres cuyos hijos hicieran botellón: tendrían que hacer un cursillo. Sin embargo, los abogados de la ciudad tenían serias dudas de que fuera legal multar a alguien que en realidad no ha cometido ninguna infracción, por lo que el tema volvió a la universidad. Después, la vida. Las elecciones, en realidad. Todo se retrasó, aunque parece que en esta ocasión el texto sí llegará al pleno municipal.
Según las fuentes consultadas, se desconoce qué parte del texto original se conservará y cuál cambiará. Cabe recordar que la ordenanza permitía a los agentes multar por molestar o hacer ruido e importunar el descanso de los vecinos, lo que da muchas más herramientas a los policías para sancionar el botellón. Se da la circunstancia de que la ordenanza actual requiere que se efectúen varias pruebas al líquido para comprobar que es alcohol, porque beber un refresco en la calle no está prohibido. El Ayuntamiento quier que el proceso sea más ágil para los agentes. El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, se mostró ayer convencido de que el texto «hará la vida más fácil» a los agentes de la Policía Local.
Pero no sólo combatía el botellón. La ordenanza incluía un mayor control de las heces de los perros para sancionar a sus dueños (se llegó incluso a plantear un sistema de detección de ADN en los excrementos, pero finalmente se desechó porque era caro) y más herramientas para los agentes en la lucha contra lo que llaman «mendicidad coactiva», que son sobre todo los gorrillas y los limpiadores de cristales de coche. Los agentes podran ahora remitir el asunto a los servicios sociales. También contemplaba multas para quienes hicieran pintadas en edificios que no estén protegidos (de esos se encarga el Código Penal). Las sanciones podían llegar a los 3.000 euros en caso de reincidencia. Queda por ver qué medidas han aguantado el paso del tiempo (y el cambio de concejal) y cuáles no.
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