El Ayuntamiento de Valencia podría estar asomándose a un precipicio. Un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) alerta de que existe riesgo ... de incumplimiento de la regla de gasto en el Consistorio. «En la medida que estos aumentos del gasto se consoliden a futuro, su materialización supondría un deterioro de la sostenibilidad de las finanzas», alerta el informe.
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En concreto, la regla de gasto es del 2,6%, y en Valencia supera el 7% si se gasta lo que ha presupuestado el equipo de gobierno. La tasa casi se triplica y supera en 45 millones lo permitido. El Ayuntamiento, eso sí, podría gastarse ese dinero porque el informe no es vinculante pero, si lo hace, es posible que el Ministerio de Hacienda impusiera un plan de ajuste.
¿Y por qué ahora? ¿Por qué no en tiempos del gobierno del Rialto? Por la pandemia. El Gobierno dejó en suspensión la aplicación de las reglas fiscales, que limitan lo que un Ayuntamiento puede o no gastar para evitar bancarrotas como las que se vivieron durante los peores años del boom inmobiliario, entre 2020 y 2023. En 2024, por tanto, vuelven a aplicarse.
¿Recuerdan lo que comentábamos del precipicio? Los condicionales son importantes porque fuentes municipales aseguran que la estimación de superávit al cierre del presupuesto era de 21 millones, según indicó el Interventor, y con la próxima modificación presupuestaria no sólo se cumple con el principio de estabilidad sino que la previsión de superávit se incrementa hasta los 56 millones.
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«Con estos parámetros y con el exhaustivo seguimiento que ya estamos llevando a cabo de la ejecución presupuestaria, estamos en disposición de adaptarnos al escenario que nos comunique el Gobierno de España, que recordemos no ha aprobado el techo de gasto cuando llevamos cerca de 4 meses de ejercicio», aseguran las mismas fuentes.
«Pero si lo que pretenden es que paremos máquinas ante la inacción de Pedro Sánchez, que no cuenten con nosotros», indican desde Hacienda: «Debemos tener certeza de qué parámetros debemos cumplir y actuar, pero no podemos ni vamos a dejar de gestionar y ejecutar políticas públicas en interés de los valencianos».
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Desde el PSPV, el concejal Borja Sanjuán ha asegurado que el informe «desmonta el presupeusto de Catalá». «La regla de gasto está plenamente vigente y no precisa de aprobación parlamentaria: tiene que recortar o no aplicar 45 millones de euros del presupuesto que presentó», ha indicado. «Y lo tiene que hacer además porque perdonó el IBI a los grandes propietarios de esta ciudad y por culpa de esa estafa fiscal ahora le avisan de que va a tener que dejar de gastar 45 millones de euros en inversiones en servicios públicos para la ciudad pero además le avisa de que la modificación de crédito que no está consiguiendo aprobar, además de vergonzosa por lo que ha ocurrido con sus socios de Vox, es absolutamente ilegal», alerta Sanjuán.
Esa modificación de crédito, que quedó encima de la mesa el pasado mes, incluye 37 millones de euros que, según el concejal socialista, «no puede pagar inversiones que están cofinanciadas, el millón de euros para las víctimas del incendio de Campanar o las ayudas sociales hasta septiembre». «La irresponsabilidad para regalarle fiscalmente a los suyos una prebenda que no necesitaban va a llevar a que el Ayuntamiento de Valencia, después de ser la entidad más saneada de España, entre en grave riesgo de incumplimiento de las normas fiscales», ha denunciado.
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