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Las torres de Quart y de Serranos, la Lonja, la Basílica de la Virgen, la Catedral de Valencia, la iglesia de Santa Catalina, les covetes de los Santos Juanes, los puentes históricos del antiguo cauce del río Turia y los pretiles, las Atarazanas, el Palacio de Forcalló, la casa del Padre Tosca o el refugio de la calle Serranos, la muralla árabe... Así hasta completar un listado de más de una treintena de monumentos o edificios emblemáticos de la ciudad de Valencia que han sufrido actos vandálicos en 2017.
Uno de los últimos sucedió hace unas semanas, cuando se registró un incendio en una de las puertas de acceso a las torres de Quart al prenderse fuego un colchón y varias bolsas de un indigente. No es el único incidente sufrido por este monumento del siglo XV en los últimos meses, pues el pasado septiembre aparecieron unas pintadas en intenso color rojo en los sillares de las torres. Para su eliminación se estrenó la brigada municipal para la conservación de monumentos y esculturas, cuya contratación llevaba paralizada nueve meses.
El incendio en las torres de Quart, junto con el sucedido en la puerta románica de la Seo o las pintadas en las torres de Serranos el día de Navidad, han puesto sobre la mesa la amenaza que acecha al patrimonio histórico, ya que no cuenta con un plan de vigilancia con cámaras o personal de seguridad. En este último caso, por ejemplo, sólo la Lonja cuenta con un agente desde hace un par de años. De ahí la facilidad para acecharlos durante la noche o que, incluso, sea fácil acceder a ellos (como en las dos torres) si se salta la valla que los rodea y que da acceso a las puertas de entrada al interior. Mientras, por las mañanas, sólo cuentan con el personal de taquillas.
Precisamente al hilo de los últimos sucesos se ha abierto el debate sobre la instalación de videovigilancia en los entornos de los principales monumentos al no poder anclarse a los mismos debido a los grados de protección. Ciudades como Salamanca cuentan desde hace años con un plan específico contra el vandalismo, que incluye un sistema de cámaras de control, que entidades como el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural abogan por implantar en Valencia.
Su presidente, César Guardeño, califica 2017 como «año negro» para el patrimonio cultural y alerta de que la tendencia va en aumento en los últimos años. Pone como ejemplo las esquinas pintadas en tres colores en numerosos edificios históricos de Ciutat Vella, cuyo autor sigue actuando a pesar de las denuncias públicas de este colectivo.
Recuerda también que el Síndic de Greuges, en una recomendación al Ayuntamiento en diciembre de 2016 sobre los puentes históricos, instaba a que el cap i casal «impulse con determinación el procedimiento de colocación de cámaras de videovigilancia en las dos fases previstas». A su juicio, las cámaras «no deben ser la única solución» pues esta medida preventiva debe completarse con otras como un refuerzo de la presencia policial o la realización de cursos de concienciación en las escuelas, además de la imposición de sanciones. «El infractor tiene que pagar por el daño realizado», insiste.
También desde el grupo municipal popular se insta al Consistorio a que se incrementen los recursos de seguridad y que se estudie «entre los mismos la instalación en las proximidades de cámaras preventivas de videovigilancia», señala el portavoz municipal, Eusebio Monzó. El concejal incide en la necesidad de «más acciones de restauración del patrimonio valenciano. En casi tres años no han hecho nada». Y recuerda que «Valencia ha sido una de las ciudades europeas que más patrimonio histórico ha restaurado en la última década, y así lo ha reconocido la propia Unesco».
De ahí que este mismo viernes el equipo de gobierno municipal decidiera dar los primeros pasos para solicitar la instalación de cámaras en el mobiliario urbano próximo a los monumentos y edificios singulares. Lo anunciaba la concejala de Cultura, Glòria Tello, tras participar en una reunión sobre este tema con la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato; el director de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, y la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga.
Así, solicitarán a la Delegación del Gobierno en la Comunitat una reunión para que se pronuncie sobre si es «una opción factible». Es el mismo procedimiento que se siguió para las cámaras instaladas por cuestiones de seguridad en el jardín del Turia, donde el proceso se prolongó siete años por varias causas. Si la Delegación da el visto bueno, habrá que contar también con la autorización de la Agencia Española de Protección de Datos y de la Comisión de Garantías de Videovigilancia.
Mientras se realizan los trámites de este proceso, Menguzzato resaltó en que se reforzará la vigilancia policial y se realizarán nuevos cursos de formación sobre patrimonio para los agentes, además de estrecharse la colaboración entre los tres cuerpos policiales (local, nacional y autonómico). Por su parte, Tello comentó que se agilizarán las actuaciones para reparar los desperfectos causados por actos vandálicos.
Las torres de Serranos o la Lonja de la Seda son dos de los monumentos que tendrían prioridad en la colocación de las cámaras de vigilancia. Este último, por ejemplo, fue objeto de pintadas el pasado noviembre, algo que ha sucedido en varias ocasiones más a pesar de ser uno de los edificios más visitados de la ciudad y estar declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
«La vigilancia en el entorno es muy deficiente», afirma César Guardeño que lamenta «la laxitud municipal» para atajar esta problemática. «Limpiar y echar balones fuera en cuanto a responsabilidad no sirve de nada si no hay unas cámaras de vigilancia conectadas con la policía», insiste el representante de este colectivo centrado en la protección del patrimonio. Ellos fueron quienes alertaron de los daños que produjo la pólvora y el fuego de un correfoc celebrado el 9 d'Octubre sobre la fachada de la Basílica de la Virgen. Un inmueble que también apareció con pintadas en marzo al no contar tampoco con el sistema de videovigilancia.
Pero quien encabeza el ranking de los ataques, traducidos en pintadas, son los puentes (especialmente pretiles y tejemares) del antiguo cauce del río, martilleados constantemente con los sprays, así como algunas de las esculturas que los adornan. En este caso, el Consistorio tuvo que poner en marcha una campaña específica de limpieza.
Las pinturas son precisamente, según el director del Instituto de Restauración de la UPV, Francisco Juan, lo «más complicado» de eliminar ya que para su limpieza se emplea disolvente. En el lado contrario, el humo, «que es muy aparatoso pero que se retira con medios más inocuos». En el caso de las llamas, «la temperatura puede alterar el material de los muros».
No sólo las pintadas, los incendios o la rotura de grupos escultóricos (donde Viveros copó el ranking hace unos años) son ataques al patrimonio. Como recuerda César Guardeño, «también lo son el abandono o la presencia de publicidad ilegal en sus fachadas», un aspecto en el que pone como ejemplos la iglesia de Santa Catalina o la antigua estación del Grao, donde aparecen carteles continuamente. En el caso del abandono y la ruina, hay dos ejemplos: tramos de la muralla islámica como el de la calle Salinas o las numerosas alquerías que hay en la ciudad. La del Beato Gaspar Bono, Serra, del Moro, de la Torre, de Falcó o de Barrinto son algunas de las que se incluyen en la lista del olvido.
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