Vecinos de Ciutat Vella se movilizan para que una sociedad de inversión no expulse a 8 familias de una finca

El colectivo Veïnat en Perill d'Extinció ha anunciado movilizaciones «de manera constante» para evitar que Ciutat Vella, un barrio de Valencia «saturado turísticamente» pierda más vecinos, tras la compra del edificio de la calle Caixers 2 por una sociedad de inversión, que asegura que está «expulsando» al vecindario de la finca.

En el edificio, viven ocho unidades familiares diversas, entre las que se encuentra una mujer de 84 años con renta antigua y una familia monomarental en situación económica vulnerable. Además, también había dos bajos con comercios del barrio que ya han sido «expulsados».

Así lo ha explicado este lunes en rueda de prensa Andreu Ginés, uno de los miembros del colectivo, que ha estado acompañado por dos vecinos del edificio, Teresa Ramón, una mujer que lleva 60 años viviendo en la finca; y Jesús Arrue, que vive en Caixers 2 desde hace 15.

Veïnat en Perill d'Extinció ha denunciado que esa sociedad «no quiere renovar el contrato a ninguna de las personas que actualmente viven en el edificio», por lo que el vecindario ha intentado encontrar alternativas habitacionales, pero «no han encontrado respuesta».

«Los vecinos han llamado a todas las puertas y, de momento, no han obtenido respuesta. Han hecho todo lo posible, pero no hay vivienda pública ni asequible en el barrio. Irse de Caixers 2 quiere decir abandonar el barrio y, posiblemente, la ciudad«, ha denunciado Ginés.

En la misma línea, ha censurado que, de esta forma, se destruirá una comunidad de vecinos que «lleva años haciendo comunidad y dando vida a un edificio histórico«. »Es la lucha del barrio contra la especulación y la turistificación«, ha subrayado.

«Caixers 2 se queda, el vecindario resiste con el apoyo del barrio, de Veïnat en Perill d'Extinció y de la ciudad. Continuaremos las movilizaciones hasta tener una solución para el vecindario», ha destacado Ginés.

Además, ha exigido la renovación del contrato de todos los inquilinos por un mínimo de cinco años más a un precio asequible, que la administración se posicione contra las prácticas especulativas y establezca mecanismos para evitarlas, así como que compren la finca para «dedicarla a vivienda pública, garantizar la vida digna de los inquilinos y preservar las necesidades humanas del barrio».

El representante del colectivo ha señalado que no conocen las intenciones de la sociedad que ha adquirido el edificio --que, según han averiguado, está formada por parte de capital valenciano y parte de Rumanía--, pero «sospechan» que lo utilizarán para pisos turísticos.

Teresa Ramón, vecina de 84 años del edificio, ha lamentado que si no encuentran una solución, tendrá que ir «a donde encuentre», pues ha explicado que con los 700 euros que cobra de pensión no puede pagar los entre 600 y 700 euros que cuesta un alquiler en Ciutat Vella.

En la actualidad, Ramón cuenta con un alquiler de renta antigua, por lo que paga 122 euros. Además, por su contrato, podría volver a la finca una vez los nuevos propietarios terminen la obra que pretenden hacer en el edificio, aunque ha lamentado que no sería lo mismo en pisos turísticos.

«Llevo toda la vida viviendo aquí, es mi barrio, mi finca, mi piso, mis recuerdos y ahora mi familia, los vecinos y vecinas que vivimos aquí somos una familia», ha apuntado Ramón.

Por su parte, Jesús Arrue ha detallado que, hasta ahora, la sociedad inversora ha admitido los pagos de las mensualidades, aunque ha criticado que «jamás han dado la cara». «Compran una finca con inquilinos y no se han preocupado por saber quiénes son. Cambiaron las cerraduras de las zonas comunes, hay un poco de coacción«, ha señalado.

Asimismo, ha indicado que ni la Generalitat Valenciana ni el Ayuntamiento de València les responden. «Nos cierran todas las puertas», ha lamentado, al tiempo que ha recalcado: «Si es posible, no queremos irnos de nuestra casa».