Vecinos y hosteleros, enfrentados por la anulación de los 30 metros entre bares

El recurso avalado por el TSJ de dos colectivos empresariales, SOS Hostelería y la Asociación Valenciana de Operadoras de Máquina Recreativas (Asvomar), cargaba contra los apartados primero y tercero del artículo 60 de la ordenanza, ya declarados ahora nulos de pleno derecho, tras entender los magistrados que las limitaciones eran «desproporcionadas» así como sin motivo que justificase «el porqué de la fijación de al menos 30 metros como límite entre los establecimientos». En la jornada de ayer, otras entidades del sector como la Coordinadora de Hostelería de los Barrios de Valencia aplaudieron el fallo mientras desde la Federación de Asociaciones Vecinales, consultada por este diario al respecto, se apuntó a que «la intención es presentar un recurso» cuando se consulte con sus servicios jurídicos. No obstante, emplazan la decisión definitiva hasta después de que se mantengan reuniones entre las distintas asociaciones y la junta directiva.

Fuentes de la federación vecinal señalaron que el recurso se pondría en marcha teniendo en cuenta que la contaminación «es un grave problema incluso de salud para los vecinos de varias zonas de Valencia». «Los residentes sufren en sus propias carnes la contaminación acústica y es un fenómeno que ocurre casi todos los días del año en muchas partes de la ciudad», remarcaron antes de reivindicar la declaración de más Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en la capital del Turia. De hecho, algunas fuentes jurídicas consultadas, especializadas en materia de ruido, apuntaron la posibilidad de un escenario en el que se podría declarar la nulidad de la sentencia. En este caso, los vecinos se tendrían que personar como parte interesada, aportar pruebas periciales de la saturación acústica y que, finalmente, la justicia amparase su recurso.

En la otra cara de la misma moneda, la Coordinadora de Hostelería de Barrios valoró «positivamente« que la justicia cuestionase las medidas de la Administración para luchar contra la contaminación acústica basadas en restricciones a su sector. »La limitación hostelera con la excusa del ruido es una medida injusta y desproporcionada que estigmatiza la actividad del ocio y la hostelería», declararon en un comunicado. Además, la entidad aseguró que el Ayuntamiento ya cuenta con herramientas urbanísticas para adoptar limitaciones a la implantación de nuevas empresas en aquellas zonas donde pueda hacer falta así como «la necesidad de cambiar el modelo de lucha contra el ruido, que pasa también por superar el modelo de las Zonas Acústicamente Saturadas».

El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, mantuvo la versión expresada por la alcaldesa María José Catalá. «Es una cuestión con la suficiente enjundia como para tener una valoración jurídica en tan poco tiempo, tenemos que analizarla pormenorizadamente», aseveró Caballero que no especificó la fórmula que iba a utilizar el Consistorio para abordar el asunto, es decir, si realizará una modificación de la ordenanza ni tampoco si recurrirá la sentencia ante el Supremo. El portavoz criticó la forma de trabajar del Rialto y acusó a PSPV y Compromís de ir «chapuza tras chapuza» y calificó de «improvisadas» las políticas de Ribó. Caballero recordó que ya se aprobaron modelos de terrazas sin ruido antes de conocer la sentencia.