Los vecinos plantean volver al juzgado para el traslado de la subestación de Patraix

«Queremos saber lo que nos cuesta pedir la ejecución de sentencia». Esta es una de las conclusiones de la jornada de protesta celebrada este lunes en la avenida Gaspar Aguilar, a la altura de la subestación eléctrica donde hace 15 años se produjo una explosión que derivó en una sentencia judicial a favor de la asociación de vecinos de Favara. El fallo estimó que la licencia de funcionamiento no era válida y los residentes reclaman el traslado a otro lugar más alejado de viviendas.

Tener la sentencia favorable y pedir su ejecución son cosas distintas, dado que la entidad vecinal se plantea ahora los costes de embarcarse de nuevo en una aventura judicial. «Estamos solas en esto», dijo Antonia Gómez sobre un nuevo pleito.

El motivo de consultar los costes es que ha pasado década y media sin que exista realmente un calendario del traslado de la subestación, a pesar de que el Ayuntamiento reservó una parcela entre la V-30 y el Cementerio General, en el barrio de San Isidro, para este cometido. «No sabemos ni siquiera si la subestación está en funcionamiento, la opacidad es total», consideró.

La protesta vecinal conmemora cada año el día de la explosión. A la concentración acudió la concejala socialista, Pilar Bernabé, además de un representante del PP en la junta de distrito. La primera explicó el proyecto municipal de reurbanizar los solares del entorno de la subestación, lo que los residentes aprueban. Pese a eso, todos sin excepción le indicaban que la «prioridad es el traslado de la subestación y de eso no sabemos nada». Junto a la instalación eléctrica existe una parcela donde los residentes piden la construcción de un centro de día de mayores. «Es algo indispensable porque la población se hace mayor», finalizó.

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