La verdadera cara de la justicia

El pasado martes, la Conselleria de Justicia presentaba un ambicioso plan de construcción de nuevas instalaciones judiciales y de remodelación de algunas de las actuales. Bautizado como 'la nueva cara de la Justicia', el departamento de Gabriela Bravo ha previsto que en la próxima legislatura, y después de una inversión superior a los 200 millones de euros, la planta autonómica presente una imagen casi ideal. Sin embargo, ese idílico futuro dista en gran medida de la realidad actual, la verdadera cara de la Justicia.

Falta de espacio, instalaciones obsoletas, infraestructuras envejecidas, deficiente accesibilidad y un sinfín de problemas se dan cita en el día a día de una veintena de sedes judiciales valencianas, precisamente las que mayor volumen de trabajo presentan y las más concurridas tanto por profesionales como por usuarios. Goteras, humedades, estanterías hechas con ladrillos, salas de espera en pasillos, carritos de la compra para transportar informes, falta de luminosidad y de fijaciones del cableado de los terminales, juzgados repartidos en distintos edificios distintos -lo que ralentiza los trámites y hace que se puedan perder documentos-, expedientes amontonados en los pasillos o cuartos de baño, deficiencias en la climatización y hasta presencia de insectos son otros de los problemas que sufren algunas de las sedes.

Tanto las secciones de Justicia de los sindicatos CSIF y CCOO, como el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) y la propia conselleria, han desgranado para LAS PROVINCIAS las principales carencias actuales fruto de la falta de inversiones y mejoras arrastradas durante los últimos años.

La provincia de Valencia encabeza las deficiencias. Sus dos edificios más representativos, la sede del Tribunal Superior de Justicia y la Ciudad de la Justicia, representan dos caras de una misma moneda. Del primero, ubicado en la Real Casa de la Aduana, que data de mediados del siglo XVIII, Justicia reconoce que su conservación es «bastante deficiente» y que las personas con movilidad reducida tienen auténticos problemas para desplazarse por su interior. Para CCOO es un edificio obsoleto con muchos problemas en las instalaciones, mientras que el CVCA añade que tanto las puertas como las mesas y las sillas necesitan «un cambio urgente». Desconchones en las paredes y una antigua instalación eléctrica completan la estampa. Para solventar los problemas, la conselleria ha previsto una remodelación integral, valorada en unos 25 millones de euros y que obliga a los magistrados a trasladarse a otro emplazamiento durante los cinco años que durarán las obras. En el caso de la Ciudad de la Justicia, un edificio mucho más moderno, puesto que se inauguró hace 15 años, la falta de espacio ha hecho que se eliminen salas de descanso para los trabajadores, según CCOO. «Es un edificio mal concebido, con muchos fallos en el diseño de las instalaciones y muchos problemas en la climatización», resumen. Aquí Justicia destinará 4 millones de fondos europeos para mejorar la eficiencia energética.

Otras sedes valencianas importantes, como las de Alzira, Sueca, Xàtiva, Gandia, Torrent o Mislata, también presentan distintos problemas. En el caso de la capital de La Ribera, la falta de espacio -se han llegado a almacenar expedientes en un cuarto de baño-, la presencia de insectos o las altas temperaturas son algunas de las taras denunciadas. La dispersión de los juzgados de Sueca, muy alejados entre sí; las barreras arquitectónicas de Xàtiva; los expedientes amontonados en salas y pasillos en Gandia; la falta de separación entre víctimas y acusados en Torrent; y las humedades y goteras de Mislata, con las instalaciones dañadas por la última inundación, completan el elenco de deficiencias. Ante ello, la conselleria ha previsto la construcción de nuevas sedes en todos estos municipios. En Alzira, Gandia Torrent y Sueca se podrían inaugurar entre 2020 y 2021, mientras que en septiembre está ya previsto el traslado a las nuevas instalaciones de Mislata. En el caso de Xàtiva, por contra, todavía no hay fechas concretas.

A nivel general, para el presidente de CSIF Justicia en la Comunitat, Arturo Losada, la situación es «crítica» en algunas sedes judiciales por el abandono que sufren. «Se dan situaciones temerarias al no cumplirse las condiciones de riesgos laborales. Hay falta de luz, de espacio para los expedientes e, incluso, los refuerzos no tienen sitio para trabajar», resume este portavoz.

Por su parte, Paco Lozano, del sector de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO recuerda que en los últimos 30 años el número de juzgados valencianos ha crecido de forma exponencial. «En aquellas sedes donde se han construido edificios nuevos, las deficiencias más graves son la falta de espacio para juzgados, archivos, salas de vistas y para el personal. Muchas infraestructuras se han quedado obsoletas y se parchean instalaciones como las redes o los servidores informáticos. Los sistemas de climatización son un auténtico quebradero de cabeza para la Administración y los trabajadores», resume. Asimismo, añade que, aunque «parte de esta falta de espacio se ha suplido con alquileres de locales cercanos a los edificios judiciales, en muchas ocasiones no cumplen las normativas de seguridad y prevención de riesgos laborales y son un lastre muy grande para los presupuestos de Justicia».

En el caso de la provincia de Valencia, otras sedes que presentan deficiencias son Sagunto, con archivos judiciales y cableado a la vista de los usuarios; Llíria, con los juzgados separados entre un edificio principal -una antigua vivienda cuya cocina se utiliza como archivo- y un bajo; u Ontinyent, que también sufre la dispersión de sus infraestructuras y continuos 'parches'. En Massamagrell, Carlet, Picassent, Paterna, Quart, Requena, Catarroja y Moncada, según el CVCA, «las deficiencias de las que adolecen son de carácter material, como artículos de ofimática o papel».

En el caso de la provincia de Alicante, los problemas de mantenimiento, conservación, humedades y accesibilidad del antiguo Palacio de Benalúa, en la capital, deberían resolverse con los 24,5 millones que Justicia tiene previsto invertir en su rehabilitación integral. Las goteras de Torrevieja, el deterioro de la Vila Joiosa y la falta de espacio de Orihuela son otros de los problemas detectados. En Castellón, la deficiencia más significativa es la falta de espacio en los juzgados de Nules y Vinaròs. Además, el interior del primero no es accesible para personas con movilidad reducida y el segundo adolece de un sistema de climatización adecuado.