Una vez más los vecinos de la asociación de vecinos de Nazaret denuncian los fuertes olores a gases que soportan en el barrio derivados de la actividad portuaria. En esta ocasión afirman que se está investigando si un vertido del puerto de Valencia ha dejado gas sulfhídrico en el alcantarillado del barrio.
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Tal como denuncian desde esta entidad vecinal en un escrito «desde hace tiempo recogemos quejas del vecindario del barrio por olor a gas que trasladamos a la policía local o a bomberos y que se relacionan con alguna actividad portuaria. Y así lo comunicamos el pasado 15 de noviembre de 2021 al concejal de Seguridad Ciudadana Aarón Cano».
Argumentan que ya denunciaron el pasado 7 de diciembre, mediante escrito al Ayuntamiento de Valencia, la presencia de fuerte olor a gas tóxico en la zona colindante al puerto de Valencia, en el punto de conexión de la red de saneamiento portuario con la red municipal en la confluencia de la Comandancia de Marina, el cuartel de la Guardia Civil de Cantarranas y el edificio de la Generalitat donde se ubica la Unidad de Análisis de Sanidad Animal, edificio situado junto al puente de Astilleros en avenida Manuel Soto 18.
Precisamente los vecinos añaden que ya el pasado 25 de noviembre «hubo que desalojar el edificio de la Generalitat debido al riesgo para la salud de las personas que allí trabajan por la toxicidad de dichas emanaciones que, presuntamente, se producen por vertidos en el interior de las instalaciones portuarias».
Además señalan que desde el servicio del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento han reconocido que las emanaciones «superan con creces el máximo permitido por la normativa municipal».
En concreto, en el informe municipal se detalla que el pasado 3 de diciembre se realizaron trabajos de campo «consistentes en recogida de aguas en todas las terminales de empresas e industrias que tienen su sede o actividad dentro de la zona donde la Autoridad Portuaria dispone de una red de alcantarillado propia, quedando a la espera de resultados analíticos».
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Se añade que también se están realizando toma de muestras y mediciones de toxicidad por parte de la empresa de mantenimiento de la red municipal «con resultado de medición de 199 ppb de gas sulfhídrico en la arqueta de rotura y conexión de la red privada del Puerto con la red municipal, ubicada en el Paseo Cantarranas, 22, junto a la sede de UASA».
En el informe municipal se explica que estos valores «se emanan cada vez que funciona la descarga de la Estación de vacío del Puerto y esto tiene una duración aproximada de diez minutos cada hora».
Se describe que dado que parece ser que «la causa de la contaminación atmosférica se produce presuntamente en el interior del puerto, siendo esta autoridad la competente en materia de actividades y de los vertidos que éstas producen en su dominio, dado que la red de saneamiento del interior del Puerto Autónomo de Valencia es de titularidad de Puertos del Estado y siendo que el Ayuntamiento de Valencia sólo controla el vertido global de las actividades del interior en los dos puntos de conexión autorizada a la red de saneamiento municipal, por lo que no es competente ni en la autorización ni en el control de dichas actividades».
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Y se concluye que es la Autoridad Portuaria la que debe ser la encargada del «control individualizado de cada actividad para que el vertido centralizado cumpla con los parámetros para determinar posibles responsabilidades».
En un escrito posterior la Autoridad Portuaria de Valencia ha reconocido ante el Ayuntamiento el problema, según indica la concejal del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía. «Nos han comentado que el problema estaba en la estación de vacío y añaden que lo han resuelto y que las analíticas ya están normalizadas», según Valía.
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A pesar de ello, la concejala detalla que a lo largo de este mes de enero «haremos mediciones para ver que los parámetros están dentro de lo que marca la ley».
Por su parte, la asociación de vecinos Nazaret, tras conocer es datos pide al Ayuntamiento «averiguar el origen exacto de estos incidentes tan negativos para la salud pública y que vulneran el derecho a respirar aire limpio, así como la posible relación que tienen con otros incidentes similares que constan en las llamadas al 112, a la policía local y a los bomberos».
También solicitan que «se tomen las medidas que procedan para que no se repitan dichos incidentes de contaminación ambiental» Y, por último, exigen que «se apliquen las sanciones que sean procedentes a quien o quienes puedan resultar responsables de dichos episodio».
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