Las víctimas del metro piden la máxima pena para los exdirectivos de FGV

La Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio de 2006 (AVM3J) también solicita la máxima pena para los ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) como presuntos responsables del accidente con 43 muertos al volcar la UTA 3736 entre las estaciones de Plaza de España y Jesús. El letrado de los afectados, en el escrito de acusación provisional que ya ha hecho llegar al juzgado de instrucción número 21 de Valencia, reclama cuatro años de cárcel para los ocho acusados.

En su escrito, la asociación sí que aumenta la exigencia de inhabilitación profesional para los encausados, con respecto a la que exigía el fiscal, al situar en seis años la petición para los procesados, la máxima que fija el Código Penal por un delito de imprudencia profesional con resultado de muerte.

Las víctimas también cuantifican incluso las cantidades económicas que deberían recibir las víctimas en caso de condena para los acusados, que oscila entre 230.000 y 250.000 euros. La cifra debería ser pagada por los procesados de manera solidaria, en caso de condena, con la responsabilidad subsidiaria en caso de impago de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. La fiscal dejó la fijación de las cantidades para la propia fase del juicio.

El letrado de la AVM3J carga la culpa sobre todos los procesados, al afirmar que «FGV y sus directivos, pudiendo y debiendo hacerlo, NO adoptó decisión ni realizó ningún estudio, comprobación, análisis, o auditoría (interna / externa) para detectar y conocer el cumplimiento por los maquinistas del reglamento de circulación, y en su caso para corregir dichas conductas generadoras de peligro».

Las víctimas descartan una de las teorías esgrimidas por la juez instructora, la del exceso de velocidad del maquinista como única causa y responsabilidad. La Asociación subraya la responsabilidad de los acusados: «La situación de peligro generada por un exceso de velocidad, ya fuera probable o si quiera ocasional (es probable que se de varias veces), puede producir consecuencias catastróficas, como de hecho y desagraciadamente ocurrió, y convierte el riesgo en intolerable».

Otra responsabilidad que las víctimas lanzan sobre los acusados es que «FGV y sus directivos, pudiendo y debiendo hacerlo, No había realizado »con anterioridad al siniestro «ningún análisis mínimamente técnico y riguroso de los riesgos inherentes a la circulación desde el punto de vista de la seguridad ferroviaria, ni en concreto y tampoco para detectar y prevenir los riesgo derivados de exceso de velocidad, ni en los puntos controlados por el FAP, ni en el resto del trazado de la línea 1 en el que toda la seguridad de la circulación radicaba, empezaba y acabada en la pericia del maquinista y en el cumplimiento por éste del reglamento de circulación».