Dudas sin resolver sobre la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

De hecho, el departamento que dirige Giuseppe Grezzi ha publicado una guía de preguntas y respuestas que no se puede calificar de otra forma que de surrealista, porque de 12 preguntas, sólo responde a tres. El departamento lleva varios meses de reuniones en el marco de la Mesa de la Movilidad pero el proceso participativo, en el que participan pocas decenas de personas (aunque algunas de ellas en representación de entidades), se está eternizando.

El motivo de este retraso puede estar en lo que ocurrió en Barcelona. En la Ciudad Condal, el Ayuntamiento de Ada Colau instauró una ZBE en el centro que terminó por tumbar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque no se podía exigir a los conductores que se compraran vehículos menos contaminantes. Ahora, el Ayuntamiento de Valencia, como otros cientos en toda España, espera las directrices de la Dirección General de Tráfico para adecuarse a lo que diga el Gobierno.

Según la guía, una ZBE es «un área o áreas en las que el acceso, circulación y/o estacionamiento de determinados vehículos está restringido debido a sus emisiones. Se trata de una medida que introduce criterios ambientales para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en las ciudades», indica la guía. «Para conseguir el objetivo de reducción de emisiones, que debe ser acreditado con regularidad, el gobierno de España ha establecido que se debe emplear la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo recogido en el Reglamento General de Vehículos vigente». Primera pregunta y primera respuesta. Vamos bien.

Se complica la cosa. La ordenanza, sí, es un documento que elabora el Consistorio y que entrará en vigor el segundo semestre de 2023, pero que todavía no está escrito. Ni abocetado, vaya. Bueno, esto último quizá sí, pero Movilidad no ha dado ningún detalle. El texto de la guía dice: «La Ordenanza ZBE es el marco jurídico que definirá la ZBE en la ciudad de Valencia, esta Ordenanza regulará entre otros aspectos: el ámbito de aplicación y su alcance, las restricciones, excepciones y posibles moratorias de los vehículos afectados y el plazo de entrada en vigor. Por tanto, regulará las medidas de aplicación a la ZBE y las restricciones del tráfico en la ciudad de Valencia».

La madre del cordero. La guía dice que no hay unas áreas definidas. No es del todo cierto, en verdad. El contrato de la colocación de cámaras y sensores sí divide la ciudad en cinco grandes áreas. Pero la guía dice que siguen en estudio.

«No hay una zona o zonas establecidas, las zonas en las que el acceso, circulación y/o estacionamiento de determinados vehículos estará restringido debido a sus emisiones se establecerán por la Ordenanza ZBE. El Ayuntamiento de Valencia está trabajando a inicios de 2023 en el borrador de la Ordenanza ZBE, previamente a su elaboración el documento base se va a abordar en varias sesiones de trabajo con la Mesa de la Movilidad Sostenible».

La otra gran pregunta. La otra gran pregunta, claro, que no tiene respuesta. «Actualmente no hay ninguna restricción basada en criterios de clasificación ambiental de los vehículos según su potencial contaminante aplicado a la ciudad», desvela la guía. Sin embargo, el Consistorio ya ha anunciado que cuando entre en vigor la ZBE, sí se tendrá en cuenta la etiqueta de cada coche para acceder a las áreas restringidas. Es de esperar que los vehículos menos contaminantes, los más nuevos, tengan más libertad de movimiento.

En honor a la verdad, a esta también contestan. Dice que no, pero que quizá sí si la ordenanza lo decide: «La obtención y colocación del distintivo ambiental, también llamada etiqueta ambiental, de la DGT (pegatina) es voluntaria, salvo que se recoja de forma expresa por la Ordenanza ZBE».

«Mediante las cámaras de lectura automática de matrículas distribuidas en la zona a controlar. Adicionalmente se instalarán más de 50 sensores de medición ambiental y un número similar de paneles de información y de una aplicación para monitorizar y controlar la calidad del aire de forma continua», dice Movilidad. Esto se sabía, porque lo lleva anunciando meses.

De nuevo, la ordenanza proveerá. Sí, esa ordenanza de la que no sabemos nada, más allá de que existe. Como Urano, más o menos: el común de los mortales no sabe nada de él, sólo los muy expertos (en esta metáfora, los técnicos de Movilidad serían los astrónomos). Sería posible que los vehículos de transporte público estuvieran exentos de las restricciones.

Lo que dice la guía: «Los vehículos exentos de cumplir las restricciones y que, por tanto, podrán circular a pesar de no disponer del distintivo ambiental están en fase de estudio y definición, todavía no se ha definido ningún tipo de exención porque la Ordenanza ZBE está en fase de elaboración».

No les vamos a sorprender: no se sabe, lo que diga la ordenanza en su momento, aunque no sería descartable que sí hubiera algún que otro vehículo beneficiado por una moratoria. ¿Quizá los taxis?

«Los vehículos que tendrían una moratoria están en fase de estudio y definición, todavía no se ha definido ningún tipo de moratoria porque la Ordenanza ZBE está en fase de elaboración».

«Está previsto» que estén sometidos a las mismas restricciones que los nacionales. Pero «está previsto». Todo puede cambiar si así lo dice la ordenanza, el Santo Grial de la concejalía de Movilidad.

Como dijo un presidente del Gobierno: «Estamos trabajando en ello». La guía avanza que «las posibles causas de exención o excepción del cumplimiento de la ordenanza se encuentran en fase de estudio y validación».

Vean la respuesta anterior. Está copiada y pegada en la guía. De nuevo, eso sí, la ordenanza podría contemplar excepciones en situaciones de emergencia.

Bueno, en este reportaje no. Ni en la página web del Ayuntamiento. Ni en las actas de las reuniones de la concejalía de Movilidad. La guía apunta que en la web de Movilidad se pueden seguir los avances, en caso de haberlos.

Y añade: «La presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a su normativa específica».