Las zonas de bajas emisiones vetan a 420.000 vehículos de la provincia de Valencia

La Asociación Vehículos Afectados por Restricciones Medioambientales (AVARM) ha presentado y promovido una campaña de envío masiva de alegaciones la consulta pública previa sobre Plan de Movilidad del Área Metropolitana de Valencia.

Entre otras medidas la Generalitat propone reducir el número de plazas de aparcamiento en la vía pública, penalizar el estacionamiento, aumentar las calles con zona azul, establecer peajes urbanos, zonas de bajas emisiones, una pirámide jerárquica con prioridad para los viajes a pie, en bicicleta, en transporte público y «sólo si no hay más remedio, en vehículo privado, al que destierran al último lugar, lo que supone una injerencia en la libertad de decisión personal», afirman.

«En el documento fechado en junio de 2022, no se menciona ni una sola vez las consecuencias de la guerra en Ucrania y las repercusiones que está teniendo para la economía», denuncian, para añadir que ha elevado las tasas de inflación.

«No figura ninguna estimación presupuestaria del coste de implantar una o varias zonas de bajas emisiones, ya que la ciudadanía tiene derecho a saber cuánto dinero de sus impuestos van a costar estas restricciones que se plantean», critican, del mismo modo que tampoco hay «una estimación del impacto económico, ya que toda restricción a la movilidad indudablemente va a suponer un perjuicio económico para las oficinas, comercios, negocios de hostelería y ocio, espectáculos y cultura y otros dentro de la zona restringida.

Aluden también a que no hay «ningún dato relativo al parque de vehículos en la Comunitat de turismos, motocicletas, ciclomotores camiones, furgonetas, autobuses o tractores industriales desglosado según su distintivo medioambiental, lo cual es sumamente relevante para saber a cuantos propietarios puede afectar las medidas propuestas».

De acuerdo a las estimaciones de la asociación, respecto a los vehículos sin etiqueta de la DGT, los primeros en sufrir las restricciones afectaría en la provincia de Valencia a los propietarios de 329.160 turismos, 48.626 motocicletas, 24.134 camiones, 15.290 furgonetas, 539 autobuses y 2.265 tractores industriales, unos 420.000 vehículos en total».

Según datos de mayo de 2019 el 26,3% del parque a de turismos y todoterrenos en la Comunitat no dispone del distintivo ambiental de la DGT. El 33,4% del parque tiene la etiqueta B, mientras que la etiqueta C agrupa al 32,4%. El menor porcentaje son los vehículos con etiqueta CERO (eléctricos e híbridos enchufables) que representan el 0,1% del parque y los de etiqueta ECO (híbridos) alcanzan al 1,2%.

«En los datos ofrecidos no se aporta ningún estudio de otras fuentes generadoras de los gases considerados nocivos en el municipio, ya que no todo procede del transporte por carretera o vías urbanas, y deben tenerse en cuenta también a la industria, calefacciones, transporte de mercancías, incineradoras, o puertos y aeropuertos», afirman.

Para cumplir con la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, la asociación recomienda «establecer como zonas de bajas emisiones las zonas ya peatonalizadas en los municipios valencianos afectados, manteniendo los permisos de circulación actuales, dado que por ejemplo Valencia es la segunda ciudad de España con más calles peatonales. Si dividimos la longitud las calles peatonales entre de sus vías urbanas totales, este cálculo arroja un 18% de vías peatonales».

Otras cuestiones a las que se aluden es que no «se informa tampoco del importe de las multas que conllevaría una zona de bajas emisiones, y que según la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial se considera infracción grave con una sanción que puede ser de hasta 200 euros, y esto es algo muy importante de cara a los ciudadanos para evaluar la implantación».

Por último, se habla de las medidas que aparecen en el plan como «cobrar un peaje urbano o una tasa municipal por aprovechamiento especial del dominio público por la circulación por las zonas de bajas emisiones como se define en el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible afectarían gravemente a las personas con menos renta, que son las que tienen vehículos más antiguos y que se consideran más contaminantes lo cual es una medida completamente discriminatoria».