
ÓSCAR DE LA DUEÑA
Jueves, 5 de junio 2008, 12:56
Los empleados del Grupo Chova están dispuestos a movilizarse si no se les abonan los dos últimos meses que se les adeudan desde que el grupo dedicado a la madera presentó el concurso de acreedores ante la falta de liquidez. La mercantil, propietaria de las fábricas Carpema y Chova, dio a conocer a los empleados, hace un mes, la situación que atravesaba.
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Desde ese momento los 234 empleados esperan que se expliquen las intenciones para reflotar la mercantil y, además, el número de empleados a los que se pretende despedir. La intención de la empresa es reducir "hasta un 60 o 65% del personal", indicaron desde el Comité.
Ayer los representantes de los comité de empresa, que representan a los trabajadores de ambas mercantiles, manifestaron su intención de movilizarse "ya que muchos de los empleados llevan dos meses sin cobras, y otros un mes y medio".
Ante todo los representantes de los trabajadores quisieron dejar claro que sea "cual sea el tipo de protesta" que lleven a cabo, éstas no interferirán al trabajo de la empresa: "Si es necesario nos movilizaremos, pero nunca impediremos que se trabaje en las fábricas con normalidad".
También indicaron que no tienen decididas cuáles serán las protestas, pero que las harán si no perciben sus salarios. Pero es que además afirmaron que no han percibido todavía los atrasos de 2007.
Su descontento también se basa en que la "empresa anunció hace un mes que se el plan de viabilidad estaba listo", pero, aseguran, que se va presentar esta semana: "Parece que lo están alargando a propósito para que la situación de la empresa vaya a peor, en vez de coger el toro por los cuernos cuanto antes".
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En ese sentido, añadieron que los accionariados quieren pasar los pagos al Fondo de Garantía Salarial, "aun sabiendo todos los operarios que hay bienes libres de cargas con los que se puede hacer frente a los pagos".
Sin despidos
Por tanto exigen que la empresa asuma los pagos, "ya que puede hacerlo con sus bienes". Por otro lado, apuestan por la continuidad de la empresa y de todos los puestos de trabajo: "Sólo pedimos que nos dejen trabajar, que nos den lo que nos corresponde para poder dar de comer a nuestras familias y poder pagar, aunque con dificultades, nuestras hipotecas".
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El grupo presentó un proceso de acreedores ante el Juzgado de Valencia. La empresa dispone de más de 30 millones de euros en bienes inmuebles y en derechos de cobro, pero carece de dinero en efectivo para asumir pagos que suman 16,5. Desde la empresa no quisieron hacer declaración alguna sobre las peticiones de los trabajadores.
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