1.700 millones de euros en el aire tras dos décadas a sus espaldas

El almacén de gas que en estos momentos se encuentra frente a la costa de Vinaròs empezó a andar hace prácticamente 20 años. La sociedad 'España Canadá Resources, Inc' solicitaba al Gobierno un permiso de investigación de hidrocarburos denominado 'Castor', que era otorgado en septiembre de 1996 (según explica el Boletín Oficial del Estado) para, en 2003, ser cedido a Escal UGS. Sin embargo, no sería hasta 2006 cuando se aprobó en el Consejo de Ministros del 31 de marzo la «Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011. Revisión 2005-2011» que incluyó el proyecto dentro de los que tenían la categoría de "Urgente".

La idea era desarrollar un almacén subterráneo de gas natural -el segundo mayor de España- aprovechando el antiguo campo de petróleo Amposta, de donde habían salido 56 millones de barriles de crudo. Desde un primer momento, la plataforma tuvo sus detractores y en las alegaciones previas al proyecto, surgieron las primeras controversias. Sin ir más lejos, el entonces portavoz del PP en Vinaròs y actual alcalde del municipio, Juan Bautista Juan, indicaba que iban a presentar alegaciones que serían "radicalmente contrarias". También los pescadores mostraban sus recelos y en Tarragona, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia ya organizó en 2007 su primera manifestación, a la que acudieron más de 4.000 personas.

Pese a que a lo largo de los años las protestas continuaron, para muchos se trataba de un plan interesante. De hecho, ACS, una de las constructoras más importantes del país y Enegás firmaban un acuerdo a finales de ese año para promocionar el proyecto. En verano de 2010, tras sondear el fondo marino y ver dónde podían levantar la plataforma, la empresa promotora inició el proceso.

Con todo construido, el junio del año pasado empezaban a introducir gas por primera vez. Nadie podía imaginar lo que venía después: 512 terremotos en apenas mes y medio que iban a obligar al Gobierno a paralizar los trabajos y a estudiar, "del modo más estricto posible", qué los produjo. Si en los inicios la sociedad estaba en contra, ahora, aún más. El informe del Instituto Geográfico Nacional hecho público este fin de semana asegura que los microseísmos de septiembre fueron provocados por las inyecciones, por lo que 1.700 millones de euros se encuentran en estos momentos en el aire.

El Gobierno ha intentado que la justicia considerase "lesivo para el interés público" un artículo del Real Decreto que daba permiso a Escal UGS a trabajar en Vinaròs y que contenía una cláusula por la que la empresa debe ser indemnizada si se cierra la planta, siempre y cuando no se haya producido dolo para tomar dicha decisión. Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimò el recurso presentado por la Administración el pasado mes de octubre.