Los cigarrillos electrónicos tendrán menos de 0,2 gramos de nicotina

Los dirigentes del sector del cigarrillo electrónico han decidido adelantarse a la legislación europea, que debe entrar en vigor dentro de dos años como muy tarde. Como ha venido informando este periódico, el Gobierno ya trabaja para adaptar el Código Penal a la situación que han previsto los dirigentes continentales, a pesar de que mientras tanto han instaurado su propia normativa y no se puede vapear en edificios estatales, en el transporte público o cerca de parques infantiles.

La ley europea considera que se trata de un producto singular, que no es ni tabaco, ni algo que sirva para dejar de fumar. Además, cree excesivo que contengan más de 0.2 gramos de nicotina, una circunstancia que ya tratan de adaptar los vendedores españoles. Según han confirmado desde la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico, han recomendado a sus miembros que no vendan productos por encima de dicha cantidad, adelantándose «dos años las medidas recogidas en el artículo 20 de la Directiva Europea».

Son conscientes de que no se trata de una tarea sencilla. Por ello, se han dado un periodo de transición de nueve meses durante los que poder retirar del mercado todos aquellos dispositivos que superen la cantidad máxima establecida por Europa. Para lograrlo, ANCE pondrá a disposición de sus miembros distintas plataformas en las cuales se informará y formará a todos ellos, como un buzón informativo en su página web para resolver las dudas, seminarios y talleres o asesoramiento.

«Nuestro compromiso con la protección del consumidor es total y por ello seremos la primera asociación sectorial en Europa que proactivamente va a adelantar estas disposiciones específicas», ha indicado el presidente, Manuel Muñoz, quien considera que deben «adaptarse cuanto antes».

Siempre han tenido los objetivos claros y los principios por los que regirse. Así buscan «un sector fuerte, coherente y ordenado, con una competitividad equilibrada, una alta calidad en el producto y una mayor protección, para los consumidores, los menores y la industria», puesto que si no fuera así, pondrían en peligro «1000 empleos directos y 1500 indirectos, un 20% del empleo total generado en 2013. Estaríamos hablando de unas consecuencias trágicas para el sector».

Muñoz espera poder contar con dicho periodo de transición con el que «dar un impulso a este segmento, y continuar generando empleo. Además de incrementar la inversión I+D+i, en un futuro a corto o medio plazo.