40.000 pescadores de costa quedan exentos de tramitar su licencia

«La Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana se ha impuesto en los tribunales a la Generalitat, que desde el día 27 de mayo, de manera provisional, no podrá exigir la licencia de mar desde tierra a los pescadores», publicaba la asociación en su cuenta de Facebook a comienzos de la semana pasada. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido suspender (temporalmente) el decreto dictaminado por la Conselleria de Pesca y Agricultura que exige un permiso obligatorio para pescar en las playas o puertos del litoral. La Federación de Pesca logra de esta manera frenar una medida que a su juicio es recaudatoria y carece de sentido, aunque la decisión final la tiene el Tribunal Supremo.

El 27 de marzo de 2014 entró en vigor una nueva normativa de pesca dictada por la Generalitat. A partir de entonces, todos los pescadores que se dedican a esta actividad en playas o puertos valencianos estaban obligados a llevar consigo un permiso marítimo de recreo, enfrentándose a una multa que podía ascender hasta los 1.200 euros en caso de no poseerlo, tal y como se especifica en el texto legal. La licencia exigida debía sacarse anualmente (en cualquier edificio PROP), con un precio actual de 12,03 euros. Si se optaba por la de dos años de duración la tarifa era de 14,73 euros y la de cinco años, 21,47. La Federación de Pesca calcula que en la actualidad existen unos 40.000 aficionados que practican este deporte en la Comunitat, por lo que, haciendo unas cuentas aproximadas, la Administración podría recaudar alrededor de 400.000 euros en el caso de que todos ellos decidieran tramitar la mencionada autorización.

«La licencia sólo tiene una afán recaudatorio, no sirve para nada más, ni siquiera incluye un seguro en caso de accidente, declara Vicente Romero, encargado de Relaciones Externas de la federación. Los pescadores acudieron al Contencioso hace más de un año tras conocer la nueva ley, aunque antes intentaron ponerse en contacto con la Conselleria para introducir algunos cambios en la normativa. «A la gente que va a pasear a la playa, a jugar al fútbol o al voleibol no les piden pagar nada. ¿Por qué a nosotros, que también vamos a hacer deporte, sí que se nos exige?», lamentaba por aquel entonces Romero, una opinión que mantiene en la actualidad.

Casi tres meses después de acudir all Tribunal Superior, en junio de 2014, la Justicia le dio la razón a los pescadores sin acoger los argumentos expuestos por la Generalitat, propiciando así un baile de apelaciones. «El artículo impugnado excede de la regulación legal, lo que debe conducir a su anulación», subraya la sentencia de la sala de lo Contencioso-Admnistrativo que suprimía el decreto. No era firme y contra ella cabía la posibilidad de recurrir, así que la Conselleria de Pesca y Agricultura decidió elevar un recurso al Tribunal Supremo . Desde entonces y hasta el día 27 del mes pasado, tramitar la licencia administrativa de pesca marítima desde tierra seguía siendo obligatorio. Sin embargo, ahora, después de la emisión de la última sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, queda anulada a todos los efectos de manera temporal, hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.

Oídos sordos

A pesar de conocer la última decisión de la Justicia en relación al decreto del Consell que exige licencia para pescar desde tierra, la Administración seguirá obligando a cumplir la normativa, haciendo oídos sordos al dictámen. «Mientras adquiera firmeza y se dé la razón a la Federación, las licencias son obligatorias, cuando el Supremo se pronuncie, se acatará», afirman desde la Conselleria de Pesca y Agricultura, que continua tramitando los permisos por medio del PROP, tal y como pudo comprobar este periódico.

La postura de la Generalitat con respecto a este asunto, no va a pasar desapercibida para la Federación de Pesca. «Si llega a nosotros algún caso de alguien al que se le haya multado por no tener ese permiso, tomaremos las medidas legales oportunas», afirman desde el gabinete jurídico de la asociación.

Los pescadores desconocen cuándo llegará la resolución final por parte del Tribunal Supremo, aunque creen «que no se dilatará demasiado en el tiempo» y esperan que «se nos acabe dando la razón de manera definitiva». En ese caso faltaría saber qué va a ocurrir con aquellos que ya han tramitado la licencia y con los que han sido sancionados por carecer de ella. Unas incógnitas que preocupan al colectivo.