La empresa de la trama de Castellano tiene garantizado el contrato hasta 2016

El servicio de aviones destinados a la extinción de incendios forestales en la Comunitat sigue en manos de Avialsa, la empresa que está siendo investigada dentro de la operación que terminó con la detención del exdelegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, el pasado 29 de mayo.

El motivo no es otro que la prórroga del contrato en vigor realizada en febrero de 2014 cuando Castellano todavía era conseller de Gobernación y que establece que los servicios se realizarán hasta 2016, una fecha confirmada por fuentes de este departamento. Esta situación provoca que, salvo por incumplimiento de las condiciones contractuales o por deficiencias en el servicio, el contrato no puede rescindirse sin penalización económica para la Administración autonómica.

Porque, además, hasta el momento, el caso sigue bajo secreto y la juez investiga hasta seis posibles delitos en esta trama: malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo.

El contrato actual de Avialsa se remonta a 2009, en concreto al 16 de diciembre, que fue cuando salió a licitación por un importe de 22,65 millones, IVA excluido «al considerar que el servicio de aeronaves de extinción de incendios está exento del mencionado impuesto», según consta en el anexo del pliego de condiciones. Otra de las particularidades del contrato es que no se admitían variaciones sobre el precio de licitación, «únicamente las mejoras que supongan incremento de las unidades previstas en el contrato sin incremento del coste mismo», que podrían ser los aviones ofertados para el desarrollo de las tareas.

Adjudicado en 2010

La adjudicación se realizó tres meses después, en marzo de 2010, y en plena semana fallera, el día 17, se publicó el anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana con firma de Serafín Castellano. Un contrato que se extendía para el cuatrienio 2010-2013, con anualidades de 5,66 millones, lo que suponía, además, un incremento de casi dos millones respecto a las adjudicaciones anteriores y también de mayor periodo de ejecución (dos años más), un aspecto que ahora se investiga.

Así, por ejemplo, en el servicio para el bienio 2004-2005, el coste total era de 6,61 millones (3,3 por ejercicio), según consta en el expediente firmado por el entonces conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Víctor Campos, en enero de 2004.

El contrato licitado por Gobernación en 2009, y que actualmente sigue vigente, ya incluía una posible prórroga de dos años, por lo que el presupuesto total del servicio alcanzará los 33,99 millones una vez finalice este año (la prórroga son 11 millones más para el contratista). A esas cantidades habría que sumar las adjudicaciones anteriores obtenidas por la empresa que dirige Vicente Huerta, uno de los detenidos en la operación policial. De ahí que la compañía tuviera también mayor peso en el concurso, pues se exigía una experiencia «mínima de doce meses realizando trabajos de extinción de incendios forestales para alguna administración pública, en el decurso de los tres últimos años (2007-2009)».

Será el nuevo Consell, integrado previsiblemente por el PSPV y Compromís si finalmente llegan a un acuerdo, quien tenga que abordar el proceso de licitación de un nuevo contrato de cara a la campaña de prevención de incendios de 2016, ya que el vigente no contempla más prolongaciones de servicio. La campaña actual se presentó a mediados del pasado mes.

Por otro lado, el contrato con Avialsa también incluye la posibilidad de subcontratar aquellas prestaciones del servicio que, por ejemplo, tengan que ser realizadas por empresas especializadas. En cualquier caso, el pliego sí que fijaba la condición de que la subcontratación no exceda el 60% del importe de adjudicación.

Otra de las peculiaridades del pliego es la posibilidad, a lo largo del periodo de contratación, de modificar con la empresa adjudicataria «la tipología de los medios aéreos a emplear, con motivo de situaciones especiales de urgencia, o bien por avances tecnológicos». Un aspecto que también está siendo investigado, ya que los aviones Air Tractor incluidos en la propuesta de Avialsa nunca llegaron a España.