El juez del Puerto citará a los consejeros de la empresa que pagó sobresueldos

El juez que investiga las irregularidades en la gestión de Rafael Aznar al frente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) citará a los consejeros de administración de Valencia Plataforma Intermodal (VPI) que autorizaron el cobro de los sobresueldos de Aznar y otras cuatro personas imputadas, entre ellos dos directivos y un abogado del Estado. Así se desprende de una reciente providencia, en la que solicita a la Guardia Civil que le informe de los domicilios de todos los consejeros.

La decisión se adopta tras la petición del ministerio público de solicitar su comparecencia. En ninguno de los escritos se aclara bajo qué condición serán llamados a declarar. Entre los nombres que figuraban en aquel consejo de administración en diciembre de 2004, destaca el de Jorge Bellver, diputado autonómico del Partido Popular o José Manuel Uncio, exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas. También aparece Luis Lobón, ex secretario autonómico de Turismo y Grandes Proyectos. La investigación pretende aclarar por qué aceptaron pagar unas retribuciones a los directivos del Puerto pese a que la ley impide cobrar dos sueldos de fondos públicos.

Aznar, dos directivos y un trabajador percibieron diferentes cantidades desde 2004. La entidad, que se nutría mayoritariamente de fondos públicos y estaba destinada a potenciar la zona de actividades logísticas (ZAL), era deficitaria.

El presidente del Puerto de Valencia cobró 90.900 euros brutos de la empresa Valencia Plataforma Intermodal de 2004 a 2008. En los tres años siguientes, los que analiza el informe de la Intervención General del Estado que dio lugar a la denuncia de la fiscalía, se embolsó otros 77.000 euros. Esta última cantidad ya fue reintegrada por el presidente cuando le advirtieron de la irregularidad. Pero esto no evitó que el asunto llegara finalmente a un juzgado de Instrucción de Valencia.

Nadie les advirtió

El presidente del organismo y los otros trabajadores denunciados culparon de esta situación al secretario del consejo de administración, que es abogado del Estado, porque no les avisó de que era ilegal recibir estas cantidades. Finalmente, el letrado terminó también imputado porque nunca pidió permiso a la Abogacía del Estado para poder recibir esta remuneración. Su caso es diferente al resto de los imputados. Él podría haber obtenido una autorización para cobrar por estos servicios.

El abogado de Aznar, Vicente Ibor, presentó recientemente un escrito en el juzgado en el que pide el archivo del procedimiento. Asegura que no existió dolo en la actuación de Aznar y que no se causó un perjuicio a las arcas públicas porque su representado devolvió el dinero al conocer que era una situación irregular.