Condenados a trabajos sociales debían hacer mudanzas y sacrificar animales

Decenas de condenados a trabajos en beneficio de la comunidad, la mayoría por conducir ebrios, fueron presuntamente explotados en negocios privados. La Fundación Vecinal Blasco Ibáñez, con sede en Loriguilla, disponía de una ingente mano de obra -en virtud de un acuerdo con Prisiones- que destinaba a su antojo a la realización de las más variopintas tareas en negocios o viviendas particulares. Entre ellas, pintar una casa, reparar humedades o hacer mudanzas. El levantamiento del secreto por parte del juzgado que instruye la causa ha permitido conocer otras ocupaciones más desagradables. Por ejemplo, cómo eran obligados a recoger cadáveres de animales o incluso a sacrificarlos en empresas privadas (granjas de corderos y clínicas veterinarias), según recoge un informe de la Guardia Civil.

El caso, que cuenta con más de una decena de imputados, pivota alrededor de la citada fundación. Su presidente Vicente Arnedo era uno de los cabecillas. Además, la red contaba con la supuesta participación del exalcalde de Loriguilla José Javier Cervera (PP) y del exjefe de la Policía Local durante los años investigados (2010-2013).

El máximo responsable de la fundación, al parecer, no aceptaba negativas. Decía ser comisario de penitenciarías y amenazaba a los condenados con ir a prisión cuando las víctimas se quejaban del tipo de trabajo o del horario. En algunos casos, las jornadas superaban las ocho horas, según constan en los informes policiales. También fueron empleados en servicios de seguridad pública, responsabilidad propia del ayuntamiento.

La lógica invita a pensar que estos trabajos en empresas privadas supondrían alguna contraprestación por parte de los beneficiados, pero esto no ha podido ser cuantificado por los investigadores. Todos aquellos que recibían la ayuda desinteresada de los condenados eran amigos o conocidos de los dirigentes de la entidad.

Uno de los denunciantes, que conocía muy de cerca el funcionamiento de la red, precisó que la fundación también ofrecía otra posibilidad a los asistentes. Se trataba de pagar una importante cantidad, entre 6.000 y 7.000 euros para no tener que comparecer en los cursos de reeducación vial, que eran una de las actividades que sí constaban como trabajos en beneficio de la comunidad.

Vehículos de alta gama

Otra de las irregularidades detectadas en la fundación resulta especialmente grave. Los condenados a trabajos debían desplazarse a otros lugares para cumplir con las ilegales tareas encomendadas, aunque no se les pagaba el desplazamiento. Sin embargo, los responsables de la entidad sí utilizaban vales del Ayuntamiento para sufragar el pago del combustible de sus propios vehículos. No eran precisamente utilitarios. La Guardia Civil comprobó que se desplazaban en un BMW, un Volvo y un Mini. No se anotaban los datos del repostaje para ocultar que no eran automóviles del parque móvil.

La investigación ha permitido comprobar que en un año se gastaron más de 6.000 euros de esta partida presupuestaria. El consistorio entregó a la fundación más de 108 vales de combustible canjeables en una gasolinera del municipio.

La Guardia Civil averiguó, además, que los principales miembros de la fundación carecían de una fuente de ingresos que justificara su elevado tren de vida. Aparte de vivir en un chalé y conducir vehículos de alta gama podían hacer frente al pago de los estudios en una universidad privada.