Los contratos de la Marina Real, bloqueados al votar solo dos miembros del Gobierno

El Ayuntamiento ha acusado al Ejecutivo de «bloquear el funcionamiento» del Consorcio Valencia 2007 con esta acción y ha lamentado llegar a esta situación

efe

Martes, 23 de febrero 2016, 21:07

Los contratos de limpieza y seguridad de la Marina Real Juan Carlos I seguirán sin poder licitarse después de que solo dos de los cinco miembros que tiene el Gobierno central en el Consorcio Valencia 2007 que gestiona la Marina hayan votado hoy en la reunión virtual del Consejo Rector.

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En un comunicado, el Ayuntamiento ha acusado al Gobierno de "bloquear el funcionamiento" del Consorcio Valencia 2007 con esta acción, y ha lamentado llegar a esta situación "a pesar del esfuerzo y la voluntad de las administraciones valencianas representadas en el Consorcio Valencia 2007".

Esas administraciones son el Ayuntamiento y la Generalitat, cuyos representantes sí han efectuado su votación en la consulta telemática, al contrario que tres de los cinco que debían hacerlo por parte de la otra representada, el Gobierno central.

Las dos votaciones que se han hecho efectivas desde el Ejecutivo central han sido sendas abstenciones y, además, el Ayuntamiento ha señalado que en una de ellas, la del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, la ha hecho su asesor en vez de él.

El alcalde de Valencia y presidente del Consorcio Valencia 2007, Joan Ribó, ha considerado que este acto es de "extrema gravedad" y supone una "nueva irresponsabilidad del gobierno de Mariano Rajoy hacia la ciudad de Valencia".

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De hecho, Ribó y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, se reunirán mañana en el Ayuntamiento para tratar "el abandono de la Marina Real Juan Carlos I por parte del Gobierno central", según la convocatoria de prensa hecha desde la Generalitat.

El Gobierno, según denunció ayer el consistorio, ya había tratado de impedir que se celebrara esta reunión virtual debido a la "interinidad" del Gobierno en estos momentos, una petición que Ribó desoyó.

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Tras el bloqueo de los contratos, el alcalde ha alertado de que el Consorcio quedará en una situación "muy precaria" y ha insistido en que la "culpa" será de Beteta.

"Tengo la sensación de que los miembros del actual Gobierno se van a despedir con una brillante actuación hacia Valencia otra vez", ha ironizado el alcalde.

El conseller Soler ha afirmado en otro comunicado que todo esto forma parte de "un ninguneo y un hostigamiento" hacia la Comunitat y también ha apuntado hacia Beteta como responsable de "lo que pueda ocurrir al suprimir de manera totalmente arbitraria estos servicios".

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Para Soler, las decisiones del Gobierno central respecto a los contratos de mantenimiento y vigilancia de la Marina Real "rozan la prevaricación".

El Gobierno, a su juicio, no se puede escudar en la "interinidad" porque durante estos meses "ha aprobado decenas de resoluciones sobre la contratación de servicios y suministros", algo que "se puede consultar en el BOE".

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha respondido que el Ejecutivo tiene la intención de "colaborar y ayudar como siempre lo ha hecho" en todo lo respectivo a la Marina Real, no de hacer un "boicot", como lo ha denominado Soler.

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"Seguro que encontramos alguna solución para mantener esos contratos de seguridad y mantenimiento", ha añadido Moragues.

Según ha explicado, "está pendiente que se constituya un consejo rector" para poder aprobarlos, pero ha remarcado que el Gobierno sabe que la Marina Real es una "joya que hay que cuidar en la ciudad de Valencia".

Además, Moragues ha apuntado que el Gobierno de España ha realizado "todas las aportaciones que tenía que hacer en el año" 2015, cifradas en 1,2 millones de euros.

El próximo mes de mayo finalizan los contratos actuales de limpieza y seguridad de la Marina Real, mientras el mantenimiento acabará en el mes de octubre.

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Ribó ha recordado que, a partir de entonces, la Marina Real "no podrá funcionar" y ha confirmado que, sin la respuesta positiva del Gobierno, la situación seguirá parada.

Las cifras de ambos contratos, que serían válidos por un año y prorrogables por otro más, son de 330.000 para vigilancia y 442.000 euros para limpieza.

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