Trabajo declara la guerra a la Diputación de Valencia e insiste en que se pague la Seguridad Social

La bronca abierta entre el Ministerio de Empleo y la Diputación de Valencia por el pago de las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores técnicos -en su mayoría arquitectos, ingenieros, biólogos o graduados sociales- de un total de 189 municipios de la provincia sigue sin resolverse. El martes, representantes de la institución provincial -acudió la diputada Conxa García-, junto al director general de Administración Local Antoni Such, mantuvieron una reunión con el subdelegado del Gobierno, Juan Carlos Valderrama. El objetivo del encuentro pasaba por desbloquear la polémica abierta en relación con el abono de más de tres millones de euros que, en principio, deberán atender pequeños municipios y colegios profesionales , y que tiene su origen en la discrepancia sobre el modelo de contratación que siguen desde hace tres décadas las corporaciones menores de 5.000 habitantes a instancias de la corporación provincial.

Durante la reunión -que en principio se pretendía mantener con el propio delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, aunque éste delegó en su segundo según fuentes de la institución provincial- los representantes de la Diputación y de la administración autonómica sostuvieron la vigencia del modelo actual ante el ultimátum del ministerio a los ayuntamientos de que debían dar de alta en el régimen de la Seguridad Social a aquellos contratados al amparo de los convenios de colaboración suscrito con la Diputación. En caso contrario, se advertía, sería la propia inspección de trabajo la que de oficio procederá a dar de alta ante la Tesorería General a unos 300 beneficiarios, a tenor de la carta enviada el pasado mes de abril. En la reunión del martes, según las fuentes consultadas por este diario, el subdelegado del Gobierno se mantuvo inflexible. El pago de los más de tres millones de euros es ineludible. En todo caso, planteó, el Ejecutivo central estaría dispuesto a no ejecutar la multa con la que podría sancionar a los consistorios y que, según reveló, ascendería a otros seis millones de euros. La reunión finalizó sin acuerdo porque los representantes de la institución provincial mantuvieron su criterio.

La Diputación ya recomendó a los ayuntamientos que actuaran mediante la «insumisión» y quedaran a la espera de comprobar si se cumplía la «amenaza» del ministerio y remitía actas y se reclamaban las cuotas de los últimos cuatro años. Desde el departamento de Asesoramiento Municipal se instó a los ayuntamientos a que, en su caso, pidieran el aplazamiento del pago a la espera de una decisión judicial.

Los convenios de asistencia que patrocina la Diputación se remontan a los años 80. En el conflicto han aflorado dos asuntos: el sistema supuestamente arbitrario en las contrataciones y la precariedad de los contratados, según los sindicatos.