La Albufera lleva un año sin timón

La Junta Rectora del parque natural de la Albufera lleva un año sin reunirse. La parálisis del máximo órgano de participación ha originado la preocupación por parte de los representantes de los distintos colectivos y asociaciones que la componen.

Un año que ha pasado en blanco pese a que se han producido dos hitos significativos. Por un lado, en marzo de 2019 el Consell aprobó un decreto que introducía cambios en la normativa del parque y en el funcionamiento de la Junta Rectora.

Por otra parte, poco después del verano el entonces presidente de este organismo, Víctor Navarro, presentó su dimisión en desavenencia con la gestión de la Conselleria de Emergencia Climática. En una entrevista a este periódico mostraba su desilusión con la forma de gestionar el parque y dudaba de la voluntad de la administración para atajar los problemas que sufre el paraje.

Ha pasado medio año desde que Navarro renunció al cargo y la Conselleria todavía no ha nombrado a su sucesor. Aunque todavía no se ha hecho oficial, todo apunta a que el nuevo presidente será Carles Sanchis, vocal de la Fundación Assut.

Además, el retraso en la convocatoria de la Junta Rectora ha provocado inquietud en algunas de las asociaciones que forman parte de este órgano de participación. La Conselleria ya se ha dirigido a ellas pidiéndoles que designen a sus representantes, aunque todavía no ha puesto fecha para un primer encuentro con la nueva normativa. «Esperemos que sea en breve», señaló Lucía Moreno, representante de Acció Ecologista-Agró. Moreno mostró su deseo de que se convoque cuanto antes tras el anuncio hecho por la consellera Mireia Mollà de que se va a iniciar el proceso de redacción del nuevo Plan Rector de Usos y Gestión. «Queremos tener una participación activa», añadió.

Otras entidades presentes en la Junta Rectora, como la Federación de Cazadores, la Universitat Politècnica o algunos ayuntamientos, también han recibido la petición de la Conselleria de Emergencia Climática para que designen a sus representantes en el organismo. Todos ellos esperan que sea en breve.

La nueva normativa aprobada el pasado marzo establece la posibilidad de crear comisiones. Hasta el momento no hay ninguna constituida, pese a que la mayor parte de los integrantes reivindica su necesidad.

El decreto de marzo establece que obligatoriamente se tendrá que establecer una comisión técnica sobre el agua, un punto en el que todos los agentes implicados coinciden en destacar como fundamental para el futuro del parque. Esta podría haber tenido un papel destacado en un momento en el que la Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación sobre los niveles del agua.

Estas comisiones dependerán directamente de la Junta Rectora y podrán proponer medidas y analizar los temas que se consideren de interés.

La nueva normativa remite también al PRUG que será quien «fije la naturaleza y objetivos de la citada comisión, así como, la composición, funciones, y régimen de funcionamiento de la misma».

La Conselleria de Emergencia Climática ha anunciado que iniciará la revisión del PRUG, un documento que data de 2004 y anulado en parte en 2012 por el Tribunal Superior de Justicia. Ya en la pasada legislatura el ejecutivo autonómico indicó que iba a proceder a una nueva redacción del plan que no culminó.