Cuando Mollà olvidó la Albufera

La Albufera se ha visto ahora sumergida en el áspero debate político sobre la ampliación norte del puerto de Valencia. La encargada de ponerla en el punto de mira ha sido la consellera de Emergencia Climática, Mireia Mollà, que acaba de remitir una carta a la Autoridad Portuaria y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la que les pide que se paralice el proyecto para no incumplir las medidas cautelares impuestas por la revisión del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del paraje iniciado el pasado mes de diciembre.

La titular de Emergencia Climática alega que la ampliación podría vulnerar las medidas cautelares que han entrado en vigor y afectan a la cuenca hidrográfica de la Albufera que en estos momentos se está revisando y comprende una extensión de 91.700 hectáreas repartidas a lo largo de 57 municipios

Mollà se ha situado así en la línea de oposición a la ampliación de la nueva infraestructura que ha mantenido el alcalde Joan Ribó, su compañero de coalición. La consellera ha actuado en este caso con una celeridad que contrasta con la escasa gestión que está realizando su departamento en todo lo relacionado con este espacio natural.

Sí que es cierto que la conselleria ha presentado recientemente un plan para construir un nuevo colector en el oeste del parque que discurrirá paralelo al actual y la puesta en marcha de otra depuradora, además de otras actuaciones de menor calado.

Se trata de un proyecto que implica movilizar decenas de millones de euros pero que depende exclusivamente de la llegada de los fondos de la Unión Europea que España va a recibir para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria.

Mientras se fía Europa la puesta en marcha de este proyecto, otras iniciativas que sí dependen directamente de la gestión propia del departamento languidecen o están aparcados en los cajones.

No ha sido hasta diciembre de 2020 cuando la Conselleria de Emergencia Climática ha impulsado la redacción del plan de gestión que permitirá que la Albufera pase de ser Lugar de Interés Comunitario (LIC) a Zona de Especial Conservación (ZEC), una figura que goza de un mayor nivel de protección avalada por la Unión Europea.

La redacción de este plan acumula años de retraso. La Albufera fue declarada LIC en 2006 y existía un plazo de seis años para su posterior conversión en ZEC. Ni durante la primera legislatura del Botànic ni hasta diciembre del año pasado se dio un paso para aumentar el nivel de protección del parque a nivel europeo.

Es ahora, aprovechando la renovación del PORN y del Plan de Recursos Naturales (PRUG), cuando la conselleria ha decidido impulsar esta figura que, además, pretende ampliar la zona de protección en la franja marítima delante del parque natural.

La inversión de la Conselleria de Emergencia Climática en el parque natural, y no los gastos generales asociados a su mantenimiento, es prácticamente nula. Los presupuestos de la Generalitat para este año tan sólo incluyen una partida de 50.000 euros destinados la construcción de una nueva depuradora. Es de prever que esta partida ni siquiera se gastará una vez que la Generalitat ha presentado ante la Unión Europea el proyecto de una nueva estación.

La Conselleria de Política Territorial tiene prevista una inversión de 1,5 millones para realizar un estudio de paisaje. Es toda la inversión contemplada en los presupuestos de la Generalitat para este año en la Albufera.

Desde hace más de una década se encuentra en el cajón un proyecto para mejorar el tratamiento de la depuradora de Pinedo con el fin de que se puedan incrementarse los aportes de agua de calidad al parque natural.

Se trata de las obras para instalar los filtros y el tratamiento para mejorar la calidad del agua y poder así enviarla desde la depuradora hasta el interior del parque natural.

Las obras previstas tienen un coste aproximado de 17 millones de euros que hasta el momento la administración autonómica no parece dispuesta a aportar. De hecho, la cantidad no aparece consignada en los presupuestos. La importancia de esta obra para el parque natural aparece ya en documentos de la Generalitat de 2011. En la memoria de la entidad de saneamiento (EPSAR) se planteaba entonces la necesidad de implementar estas mejoras en la depuradora de Pinedo.

El Tribunal Supremo anuló en 2012 parte del Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) del parque natural. Hasta diciembre de 2020, casi diez años después de la sentencia, no se ha impulsado su remodelación, pese a las continuas peticiones de todos los sectores implicados, especialmente de los ecologistas.

Se trata de un documento que es clave porque es el que va a determinar qué es lo que se puede hacer y qué no en el interior del parque.

El retraso en la tramitación fue uno de los motivos que llevó al anterior presidente de la junta rectora, Víctor Navarro, a dejar el cargo criticando la inoperancia de la conselleria.

Además, esta demora puede aún ser mayor ya que tardara algunos años en estar en vigor. La tramitación de un documento de estas características es complejo y más en el caso de la Albufera donde hay mucho intereses contrapuestos.

El PRUG afectará a actividades tan tradicionales como la caza, la pesca, los cultivos, las posibles visitas, el uso del agua...

El plan de prevención de incendios del parque natural caducó en 2016 y todavía no ha entrado en vigor el nuevo. El anterior documento se aprobó en 2006 por un periodo de diez años. Cumplido ese plazo, la Generalitat todavía no ha dado luz verde a las nuevas directrices, aunque en diciembre de 2018 se iniciaron los trámites de renovación. Además, en este periodo únicamente se han aplicado el 28% de las medidas para mitigar el riesgo incluidas en la anterior planificación.

Mientras, cada vez hay más incendios dentro del parque natural. Así lo recoge el estudio elaborado por la Conselleria de Emergencia Climática que refleja que en la década entre 1993 y 2003 se contabilizaron 38 siniestros con una media anual de 3,5.

En la siguiente década el número de incendios fue de 41, es decir, 4,1 al año. También se registró un incremento de la superficie afectada por las llamas. Entre 1993 y 2003 fue de 13,77 hectáreas, mientras que en el siguiente periodo evaluado fue de 41,47. Todo esto supone, según el documento de trabajo, un aumento del 8% en el número de siniestros.

La anterior consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, se comprometió en 2012 a impulsar la declaración de la Albufera como Reserva Natural de la Biosfera. Han pasado tres años y poco más se ha sabido del proyecto.

La tramitación se había paralizado en la última legislatura del PP porque el Ayuntamiento de Cullera se había opuesto a la declaración. Ahora ese obstáculo se ha superado, pero no se ha retomado.

La declaración como reserva de la biosfera, más allá del nivel de protección, le otorgaría una visualización internacional, con los consiguientes beneficios turísticos y reforzamiento de los valores culturales y medioambientales. De hecho, en este tiempo la Comunitat ha conseguido que alcancen esta distinción dos zonas valencianas: el Alto Turia y el Valle del Cabriel.