Los vertederos asedian la Albufera

Son días buenos para pasear por la Albufera. El fangeo en los campos de arroz excita a la avifauna, que se aproxima a la tierra removida por los tractores ante la abundancia de insectos. Es habitual ver aficionados a la fotografía tomando imágenes de las labores y de las parcelas inundadas. Pero a medida que el paseante curioso se aleja del corazón del parque natural, de las inmediaciones del lago, el escenario puede resultar descorazonador, con escombreras ilegales que, en el mejor de los casos, afean el paisaje. Y en el peor, provocan daños ambientales en un sistema que ya se encuentra amenazado por la presión del entorno o la falta de caudales para facilitar su regeneración.

LAS PROVINCIAS ha detectado en sólo una mañana hasta siete puntos de vertido de residuos sólidos, fundamentalmente escombros de obra que algún desaprensivo deposita para ahorrarse la tasa derivada de su correcto tratamiento. Pero también se pueden encontrar restos de poda, neumáticos, todo tipo de elementos plásticos o colchones. Incluso un inodoro semienterrado.

Todos los puntos detectados se incluyen dentro del ámbito del parque natural, según se puede confirmar cruzando su ubicación con la cartografía oficial. Y tienen aspectos en común: están próximos a núcleos urbanos o naves agrícolas, son discretos y se puede llegar mediante caminos accesibles para un coche o una furgoneta. También se coincide en el procedimiento. «Sueles ver que la basura aumenta de un día a otro, se aprovecha la noche o las horas con menos luz», explica un agricultor junto al vertedero situado en el camino llamado Barri del Tremolar, que aprovecha una parcela en desuso. Reconoce que ha llegado a verlo limpio, pero al cabo del tiempo vuelve a aparecer la basura.

Cerca, siguiendo el camino del Cavalló -al que también se accede desde el camino del Tremolar- existe otra escombrera, bastante más pequeña, en un lateral de la vía. En esta zona, hace años, se generó uno de los mayores vertidos incontrolados dentro del parque, que desapareció tras vallarse la zona. Hay un cartel que advierte de lo obvio: está prohibido tirar escombros.

En la misma zona, al lado de varias casetas habitadas, también se alza un montón de restos vegetales en el que se puede distinguir una silla desvencijada. El GPS lo sitúa en el camino de la Viña.

Otros dos puntos se ubican en las proximidades del puerto de Catarroja, junto al Camí del Rey. En el más cercano a su acceso hay varios montones con palés, bidones de plástico y desbroces. En el otro decenas de bolsas de fertilizante vacías (parecen llenas de basura y de plásticos) se mezclan con botellas de cristal y algunos escombros.

Las dos últimas zonas son bien distintas. La primera, muy cerca de la Masía de Santarrita (en principio en el término municipal de Valencia), aprovecha un recoveco de una construcción y destacan los restos de obra, aunque es más bien pequeño. El segundo, bastante más grande y ubicado en Pinedo, está junto a la CV-500 y se tiene que limpiar periódicamente. Fuentes municipales explicaron que se acaba de actuar, colocando los correspondientes carteles que recuerdan la prohibición de verter residuos.

En cuanto a las motivaciones de los desaprensivos que arrojan escombros, desde la Asociación de Empresarios de Selección y Reciclaje de Residuos de la Construcción (Arci) alertan de que detrás de esta práctica «existe una motivación económica, ahorrarse el tratamiento», y recuerdan que si se generan menos de 50 kilos pueden llevarse gratuitamente a un ecoparque.

Por otro lado, el lago tampoco está exento de riesgos, como demuestran los resultados de la última campaña de concienciación 'Por una Albufera sin plásticos', impulsada por la Generalitat y Seo Birdlife con la colaboración ciudadana, de consistorios y otras entidades ecologistas. En total se extrajeron 1.420 kilos de residuos del agua y las riberas, según el Ayuntamiento, titular del humedal. Sobre todo se sacaron objetos de plástico. Fuentes municipales explican que además hay una brigada específica para estas tareas.

El dragado de seis kilómetros de acequias y el refuerzo de once kilómetros de motas. Ese es el trabajo previsto por el Ayuntamiento este año en los alrededores del lago de la Albufera, según informó ayer el concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo. El Consistorio ha dragado desde 2016 un total de 28,5 kilómetros de canales, además de desbrozar una superficie de 56.000 metros cuadrados. Este ejercicio está previsto dragar seis kilómetros en las acequias que limitan con Catarroja, Silla, Alfafar y Massanassa, además de otros once en los límites de los arrozales con la lámina de agua. Por último, la limpieza de matorrales afectará a 20.442 metros cuadrados.

Campillo recordó que desde 2011 no se había realizado ninguno.

La Asociación de Empresarios de Selección y y Reciclaje de Residuos de la Construcción y de la Industria (Arci) considera que la mejor medida para evitar la existencia de escombreras ilegales pasaría por un mayor control por parte de los ayuntamientos a la hora de conceder licencias de obra, exigiendo una fianza disuasoria que sería devuelta al interesado tras acreditarse el correcto tratamiento de los residuos en una planta especializada. Si bien es una práctica más habitual en grandes intervenciones, no suele aplicarse en obras más acotadas o en reformas de ámbito doméstico.

Tal y como explican fuentes de Arci, existe normativa vigente que insta a regular este tipo de cautelas, como el real decreto 105/2008 sobre la gestión de los residuos de construcción y demolición, que se dirige a las corporaciones locales, o la orden 26/2014 de la Conselleria de Medio Ambiente, que preveía la elaboración de un modelo de ordenanza que regule la obligación de constituir la fianza. «A menudo se ha observado que las corporaciones locales se es cudan en la inexistencia de un modelo de referencia en el que poder inspirarse», añaden.

A la espera de que el departamento autonómico mueva ficha, la organización pone a disposición de los ayuntamientos un ejemplo que podría servir para cumplir con la normativa. Básicamente se hace referencia a la necesidad de que a la hora de solicitar la licencia se disponga de un estudio de gestión de los residuos adaptado a las exigencias del real decreto y se ofrecen tablas de donde se puede extraer una estimación del volumen de elementos a gestionar en función del tipo de intervención. El ayuntamiento, una vez depositada la fianza, otorgaría la licencia, que sería devuelta en cuanto el titular presentara el certificado del gestor autorizado al que se han llevado los escombros.

También se insta a aplicar el sistema en las obras menores de reparación domiciliaria, que no precisan de un proyecto firmado por un profesional, sino de una notificación y una breve descripción a la administración local: «Es recomendable, dada la naturaleza disuasoria de la fianza, que los ayuntamientos recojan en sus ordenanzas alguna de esta opciones, una fianza única y mínima de 150 euros o una variable para obras menores en función del presupuesto presentado o de los metros cúbicos de residuos estimados».

Arci recuerda además la exposición de motivos del real decreto, que alude a los impactos ambientales de la «clandestina eliminación de estos residuos», tanto en suelos como en acuíferos, así como al deterioro paisajístico que producen. Sin olvidar que así no se facilita la reutilización de los materiales.