La Audiencia de Valencia ordena imputar a los dueños de la funeraria de la trama de los cadáveres

El juzgado de Instrucción procesó a dos empleados de funeraria Montesinos, pero dejó fuera del procedimiento a los dos dirigentes de la sociedad. Ahora el tribunal corrige la decisión y ordena la imputación de los dos responsables. La Sala acuerda que se les cite como investigados y, si corresponde, que se dicte el auto de incoación de procedimiento abreviado, un resolución que equivale al procesamiento y constituye el paso previo para sentarse en el banquillo. De esta forma estima el recurso del ministerio público que se opuso a que el instructor apartara de la causa a los dos empresarios.

Los hechos se remontan a enero del pasado año, a una investigación de la Policía Nacional por delitos de estafa y falsedad. Fue el Hospital La Fe de Valencia el que trasladó las sospechas a la Jefatura de Policía. Dos empleados de la funeraria se personaron en el mortuorio de las instalaciones sanitarias para recoger un cadáver con la furgoneta de la funeraria. Uno de los operarios completó la documentación del cuerpo y después se trasladaron al Registro Civil para continuar con los correspondientes trámites administrativos. A continuación, el destino fue el tanatorio de la A-3 y, por último, la Universidad Cardenal Herrera-CEU.

El cadáver correspondía a una persona sin recursos. Su familia no podía hacerse cargo. Pero el Ayuntamiento del municipio donde residía se había hecho cargo del cuerpo en lo que se conoce como sepelios de beneficiencia. Sin embargo, esto nunca llegó a producirse. La sospecha del centro hospitalario llevó a las pesquisas policiales.

Los dos trabajadores utilizaron datos falsos en la documentación que se aportó en los distintos organismos. Por un lado, se incluyó un nombre falso del fallecido. También se completó un documento «inexacto» donde se hacía constar que el muerto había recogido su voluntad de donar el cuerpo a la ciencia. Todo esto con el objetivo «de obtener un lucro económico», según las investigaciones policiales.

La Fiscalía sostiene que los dos responsables de la funeraria «conocían, aprobaban y participaban en toda la falsificación». Les atribuye un papel de inductores, de «autores intelectuales» de la falsedad. Los dos sospechosos, por otra parte, adoptaron las «decisiones necesarias» para nombrar a otro de los investigados como administrador. Una acción que los expertos policiales coinciden en que consistió en colocar «un hombre de paja».

Las defensas de los empresarios, por su parte, sostenían que el sobreseimiento era correcto. Recordaban, al mismo tiempo, la «enemistad» de los dos trabajadores y de ahí el testimonio incriminatorio de uno de ellos.

La Audiencia ha dado la razón al fiscal encargado del asunto. El tribunal recuerda que en esta fase del procedimiento «la más mínima duda acerca del hecho y/o derecho no puede dar lugar a la finalización y archivo sin más trámite». Es en otro momento, aclara el auto, cuando se debe pronunciar sobre la suficiencia o no de los indicios.

El tribunal recuerda que el propio instructor en un auto anterior hablaba de la autoría material del delito de falsedad. Pero, además, recogen los dosieres policiales donde se apunta directamente hacia ambos. De hecho, subrayan que como propietarios de la funeraria eran los beneficiarios finales del dinero abonado por la universidad. De igual modo, los magistrados consideran que la declaración de uno de los investigados es suficiente para sustentar, de entrada, los indicios que mantiene el ministerio fiscal.

La Fiscalía reclamaba incluir a los dos sospechosos en el auto recurrido. Pero la Sala ha optado por devolver el procedimiento a la fase de instrucción para que los dos acusados declaren como investigados. No se puede sentar a una persona en el banquillo sin previamente no se le ha citado a declarar como investigado, asunto diferente es que se acoja entonces a su derecho a guardar silencio.

Los futuros imputados, José M. y Jorge T. regentan un pequeño negocio de pompas fúnebres con varias décadas de existencia. Ubicada en un modesto local en el popular barrio de Benimaclet, su propietario, José Montesinos, detalla en su Linkedin que es propietario gerente desde 1980. Toda una vida tratando con el máximo cuidado a los muertos. El domicilio social de la funeraria está en Massamagrell, aunque el local del negocio está en la calle Sant Esperit, 7 de Valencia.