La Audiencia resuelve el último recurso pendiente del tren de Bejís y deja vía libre a la jueza para la reapertura del caso

La secuencia de los hechos es la siguiente. En enero de 2023 se acuerdan diligencias y ese mismo día se archiva la causa. En febrero de 2024, ante el evidente retraso del dosier policial, se dicta una providencia en la que se insiste a los agentes en la necesidad de ese informe. Esa resolución es precisamente la que recurre el letrado de una de las víctimas para lograr que se practiquen una serie de diligencias mientras llega la documentación policial, información que llega en el mes de abril.

Pero, desde entonces, la causa ha estado parada a la espera de que la Audiencia resolviera sobre este particular. La Sala deliberó el pasado 18 de marzo y acordó rechazar las pretensiones del letrado. Al parecer, el intento de la representación legal era tratar de forzar una reapertura de las diligencias por orden de la Audiencia. Es más, en el recurso contra la providencia se solicitaba la práctica de otras diligencias a la espera del citado informe.

La Sala rechaza el recurso. «La providencia es una resolución de trámite». La resolución lo único que pretendía era reiterar el cumplimiento de una diligencia de investigación que fue judicialmente acordada en octubre de 2022. Esta consistía en autorizar el volcado de datos y movimientos almacenados en dos dispositivos tecnológicos, en sus correspondientes tarjetas SIM y resto de dispositivos de almacenaje, con remisión de los dispositivos al Departamento de Nuevas Tecnologías de la Guardia Civil, y el posterior análisis pericial de la información obtenida.

El accidente, un tren se adentró en pleno incendio forestal, dejó seis heridos graves y más de 20 leves. El convoy trasladaba 49 pasajeros cuando se vio rodeado por llamas de varios metros de altura y fue necesario detener la marcha. Algunos perjudicados arrastran también secuelas psicológicas.

Una de las conclusiones de ese dosier policial, basada en los mensajes de Telegram entre la Central de Prevención de Incendios Forestales y una empleada de la empresa de Vaersa, apuntaría a que se actuó con una demora de 28 minutos para frenar el tren. El estudio realizado por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Burriana es claro: las fotografías difundidas por la empleada de Vaersa «son suficientemente expresivas del alcance y la dirección del incendio, del frente de fuego y de la posición desde la cual son tomadas de dichas imágenes».

El episodio, en el verano de 2022, ha tenido también una vertiente política. Fue utilizado por el PP para desgastar al Botánico y, en concreto, a una de sus principales figuras, la consellera Gabriela Bravo. En noviembre de 2023, el presidente Mazón y la entonces consellera de Justicia, Elisa Núñez, se reunieron con representantes de las víctimas. Les mostraron su apoyo y expresaron el compromiso del Gobierno valenciano para resarcirles de la desagradable experiencia. Más tarde se acordó el adelanto de las ayudas. Un trato que sí estaban recibiendo víctimas de otras tragedias.