El centro de menores de Buñol continúa sin los refuerzos de personal

El anuncio del PP de acudir a la fiscalía para denunciar «las continuas fugas, las reyertas, la improvisación y el hacinamiento» que se registran en algunos centros de menores valencianos, especialmente en los de recepción de Valencia y Alicante, ha vuelto a poner el foco en estas instalaciones gestionadas por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. En el caso de la residencia provisional de Buñol, por ejemplo, todavía está pendiente la incorporación de una quincena de educadores -plazas estructurales- prevista para el pasado 1 de mayo. Al respecto, desde el departamento que dirige Mónica Oltra apuntaron que «se han hecho todos los trámites pertinentes para la cobertura de estas plazas y, en este momento, se está pendiente del informe de la Conselleria de Hacienda preceptivo para que la Dirección General de Función Pública autorice la incorporación del nuevo personal».

La urgencia en la incorporación de estos nuevos profesionales se hace patente en el progresivo incremento de menores atendidos en esta instalación. Según la propia conselleria, la media de ocupación del centro en lo que va de año ha sido de 47 menores ya que, aunque el centro cuenta con 40 plazas, es posible incrementar su capacidad en momentos puntuales. Sin embargo, en el mes de mayo la media de ocupación se ha disparado hasta los 81 residentes (ayer había 65 y el pasado viernes 62), según fuentes conocedoras de la situación del centro, de ahí la necesidad de aumentar la plantilla para cumplir con los ratios estipulados de profesionales.

Otra de los aspectos que cuestionan los profesionales es tanto la distribución -que dificulta una atención adecuada a un número tan elevado de menores- como la ubicación de este centro -alejado de la ciudad de Valencia, lo que complica la asistencia a las citaciones en la Ciudad de la Justicia por parte de los internos o la asistencia a hospitales o a talleres prelaborales-. La alternativa prevista, en la localidad de Llíria, podría corregir los problemas de espacio y distribución pero incrementaría la distancia con la capital. Además, el proyecto sigue en el aire por el rechazo de parte de los vecinos.

El centro de recepción de Buñol adquirió notoriedad después de que el pasado verano la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas decidiera trasladar allí a los menores de Monteolivete debido a las innumerables deficiencias que presentaban las instalaciones y después de algunos casos de presuntos abusos sexuales sufridos por residentes fuera del centro. Sin embargo, algunas reyertas, una supuesta agresión sexual y las denuncias de los propios trabajadores motivó la visita al centro de Buñol tanto del Síndic de Greuges como de la Fiscalía de Menores y de la Inspección de Trabajo. Fruto de ellas, los tres organismos hicieron públicas una serie de deficiencias. Colchones y almohadas manchadas, colillas, basura, restos de comida, trozos de platos rotos y envases vacíos esparcidos por el suelo, mobiliario destrozado, desagradables olores, una sala enmoquetada y cerrada por la sospecha de que contenía pulgas, consumo de droga y un «absoluto desorden y caos» en la organización de los expedientes, fueron algunas de las irregularidades detectadas por el Ministerio Fiscal, además de que, por falta de camas, algunos menores dormían puntualmente en colchones en el suelo (algo que vuelve a ocurrir). El departamento de Oltra corrigió prácticamente todas estas deficiencias, reforzó la plantilla y encargó una auditoría externa que, en los últimos seis meses, ha estado analizando el funcionamiento del centro y deberá proporcionar a la conselleria las claves para mejorar su gestión.

Por contra, algunas de las cuestiones requeridas por la Inspección de Trabajo tras su visita todavía siguen pendientes, al menos en parte, según apuntan las mismas fuentes. Por ejemplo, faltaría el informe de la evaluación inicial de riesgos en los puestos de trabajo, la planificación de la actividad preventiva (con la dotación de recursos materiales y humanos necesarios y los plazos para aplicarlo) o los simulacros de emergencia.