Clamor en Valencia entre estudiantes y trabajadores contra el fin de la gratuidad de los viajes de Cercanías

Y ya es un clamor entre los viajeros el malestar por el fin de los bonos gratuitos. Los jóvenes estudiantes ven cómo se desvanece una ayuda importante para sus bolsillos, para los bolsillos de las familias. Y lo mismo sucede con los trabajadores que a diario se desplazan desde localidades a las que sólo acuden para descansar porque ya la capital se ha expandido creando ciudades dormitorio en su entorno.

De las opiniones recabadas por LAS PROVINCIAS se descubre una realidad social de las que más inquietan a los ciudadanos: el precio de los alquileres en la ciudad. Y otra: la conveniencia de incentivar el transporte público frente al uso de los vehículos privados en beneficio del cuidado ambiental. Y en el fondo, la presión fiscal que a todos alcanza. El servicio y el uso del transporte público es sin duda uno de los termómetros más elocuentes de la realidad social, una cuestión muy sensible.

«Me parece fatal», afirma Ana Milagros Roig, una mujer que viaja constantemente desde Algemesí a la capital por trabajo, «y como yo muchos. Pensar en alquilar en la ciudad es inviable y el tren es el medio de comunicación que tenemos en los pueblos que se van convirtiendo en ciudades dormitorio».

No es la única voz que acerca el debate de los precios de los arrendamientos. También desde Algemesí una joven estudiante, Teresa -que prefiere no facilitar su apellido-, apunta que es hija de familia numerosa. Tres hermanos son universitarios y, claro, como su vecina Ana Milagros también considera «inviable» que la familia pueda asumir los arrendamientos de tres hijos. «Ahora mis hermanos y yo tendremos que pagar, todos, el abono completo».

Narcís Tena, un estudiante de doctorado, vuelve sobre la misma cuestión. Él viaja desde Vinaròs a la ciudad del Turia y lamenta que no se haya aprobado el decreto que ha desembocado en el fin de la gratuidad. Aún alberga la esperanza de que se «llegue a un acuerdo para aportar ayudas a las clases más desfavorecidas». Hace hincapié en que en su caso -una ida y una vuelta una vez por semana- el billete sin bono joven u otro descuento «cuesta 12,30 euros más 12, 30 euros, que son 100 euros al mes», cantidad sensible para las economías familiares con estudiantes en casa.

Paula Vázquez, también universitaria, introduce un nuevo factor a tener en cuenta: el cuidado ambiental. La joven estudiante viaja de Valencia a Castellón de lunes a jueves y ante el fin de la gratuidad se pronuncia con contundencia: «Me parece fatal». Advierte que se aplicó la medida como una ayuda a los «jóvenes que no tenemos dinero porque no trabajamos» y sin embargo ahora se van a encontrar con volver a los bonos pagados, a sumar otro gasto a la caja doméstica. Además, confiesa que prefiere el tren al coche. El motivo es doble: «Por no gastar dinero en gasolina y porque si cada uno cogemos el coche contaminamos más que si todos cogemos el tren».

Esta opinión, que encierra una llamada a la conveniencia de incentivar el uso del transporte público, tiene seguidores. También Teresa se pronuncia en este sentido: «contaminamos menos que si tenemos que coger el coche todos los días». En la misma idea abunda Ana Milagros cuando apunta como más conveniente «incentivar el uso del trasporte público porque contaminaríamos menos».

El cuidado del medio ambiente, la incidencia del transporte en el cambio climático, no abandona la conversación de LAS PROVINCIAS con los usuarios. Rafael Cervera, que se desplaza a diario desde Sueca a Valencia para trabajar, no ve con malos ojos que «se cobre el billete; hay que contribuir». Lo considera «lógico», pero esta postura no le aparta de cuestionar que las decisiones que llevan a las ayudas «dicen que se adoptan por salvar el planeta, pero no es por eso». Rafael Cervera cuestiona el funcionamiento del servicio, algo que dificulta que el uso del transporte público se generalice en beneficio de la mejora de la calidad climática. «Desde que funciona el bono gratuito se veía más gente en el tren, pero antes ya había mucha. Y no informan de las demoras, suele haber retrasos».

«Todo gratis es imposible». Esta es la valoración de Carmen Perea: «hay que pagar, pero que haya un buen servicio». Esta mujer, al igual que el viajero de Sueca, se detiene en la calidad de la prestación. «Yo cojo el tren en Silla de lunes a jueves semana sí semana no para ayudar a mi hijo. Ya antes de la dana me he encontrado con vagones en los que vamos todos hacinados y sufriendo falta de puntualidad. Hay que pagar, pero se tiene que ofrecer un buen servicio. En horas punta algunos días no puedes subir, lo dejas pasar y coges otro». Ella está jubilada y lo puede hacer, pero eso tiene consecuencias cuando el objetivo del viaje es llegar al trabajo o a clase. Paula Vázquez también certifica la «falta de puntualidad y que no se avise con tiempo de los retrasos».

Y la guinda que a todos alcanza: «Nos hinchan a impuestos, nos tienen agua al cuello. Pagamos impuestos tres veces…», sentencia Ana Milagros. A partir de abril, una nueva realidad.