Los conductores e inspectores de la EMT serán reconocidos como agentes de la autoridad

La pregunta ahora es qué supone esto en la práctica de su trabajo para conductores e inspectores. La Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunitat Valenciana dispone en su artículo 94.4 que «el personal expresamente facultado por la administración para realizar la función de policía de transportes de viajeros e infraestructuras de transportes tendrán en sus actos de servicio, o con motivo de los mismos, la consideración de agentes de la autoridad». Con esta premisa, cualquier acción por parte de los pasajeros contra el personal de la EMT tendrá las consecuencias que la ley considere al realizarse contra un agente de la autoridad.

El Código Penal en este sentido es claro. La Ley distingue claramente el siguiente supuesto: «Son reos de atentado contra la autoridad los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas». Es decir, cualquier agresión en el futuro a conductores o inspectores, de autobús, ya sea verbal o física, será considerado por la ley como un atentado contra la autoridad.

Noticia relacionada

Ver 8 fotos

Una mujer da a luz a un niño en un autobús de la EMT asistida por su marido y el pasaje

Belén Hernández

A partir de aquí, las consecuencias de estos actos para las personas que se enfrenten inducirá a penas de mayor calado que las que se podría recibir hasta la fecha. Actualmente, el Código Penal español contempla las siguientes penas en caso de atentado contra la autoridad: Delito deb agresión física contra la autoridad contempla de 1 a 4 años de prisión y multa de 3 a 6 meses; la desobediencia o resistencia contra la autoridad puede conllevar penas 3 meses a 1 año de prisión y multa de 6 a 18 meses; y las faltas de respeto pueden llevar a multas de 1 a 3 meses. Las penas de multa corresponden a una cuota diaria que marcaría un juez, y que se debería pagar cada día durante el tiempo que marque la justicia.

En el seno de la EMT existían dudas sobre si este precepto era aplicable a su personal o si podía considerarse que se requería, previamente, una solicitud administrativa a la Conselleria competente en materia de transportes para obtener esa facultad expresa. En ese sentido, el CJC ha aclarado que esa facultad se considera expresamente reconocida por la Administración municipal, de la que depende EMT, desde el momento en que es el Pleno Municipal el que aprueba el Reglamento de Prestación del Servicio de Transporte, en el cual se recogen las competencias del personal con labores de inspección y control del fraude.

De esta forma, el personal de EMT se iguala en su tratamiento administrativo como agente de la autoridad al de otras empresas de transportes dependientes de diferentes administraciones, como FGV, donde ya ostentan esta condición.

En diciembre de 2022 ya se aprobó una moción en el Pleno del Ayuntamiento por parte de todos los grupos municipales, para que los conductores de EMT adquiriesen la condición de agentes de la autoridad. Por su parte, las centrales sindicales de EMT llevan reivindicando desde hace tiempo este reconocimiento, y han trasladado dicha petición a la Dirección de la empresa municipal en numerosas ocasiones.