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La vida de José Lapaz, abogado de profesión, terminó en su casa de Llíria tras una tarde de copas en el 'Blue Martini', un local cercano a su domicilio, en la urbanización Monteblanco. Allí residía junto a sus padres, pero el día del fatal desenlace ... los progenitores no estaban en casa.
Tres hombres, Pedro C., Juan J. y José F., se enfrentan ahora a 25 años de cárcel por la muerte del letrado y el posterior robo en su domicilio. El encuentro se produjo en el 'Blue Martini'. Lapaz tomaba unas copas en su mesa cuando los tres acusados y otros dos amigos llegaron y decidieron compartir mesa. Al cabo de un tiempo de consumo de bebidas espirituosas decidieron marchar al citado chalé para continuar allí la fiesta. Lo hicieron en el coche de la víctima, estacionado a pocos metros del pabellón deportivo.
El consumo continuó ya en casa de la víctima, en un cenador de la vivienda. Al cabo de un tiempo comprobaron que el letrado se encontraba completamente ebrio y los tres visitantes entraron en la vivienda con la intención de quedarse cualquier objeto de valor. El propietario del inmueble, algo recuperado y en un momento de lucidez, les recriminó su actitud. Estos, lejos de deponer su actitud, comenzaron a golpearle por todo el cuerpo «mientras le ponían un cuchillo por el cuerpo», según recoge el escrito de calificación del fiscal. Fue en ese momento cuando le reclamaron dinero en efectivo.
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La multitud de golpes, algunos de ellos en la cabeza, llevaron al letrado al suelo. El hombre quedó inconsciente. Los ahora acusados pensaron que había fallecido, cogieron el vehículo y emprendieron la huida. Pero el letrado todavía estaba con vida. La autopsia reveló que su agonía duró cerca de 24 horas, hasta la tarde del día siguiente.
Uno de los acusados se desplazó a la Pobla de Vallbona para tratar de sacar dinero con la tarjeta de la víctima. No lo consiguió al errar el PIN hasta en cuatro ocasiones, hecho que provocó el bloqueo del dispositivo. Otro de los sospechosos del crimen, en cambio, se fue a la discoteca Kioto y horas más tarde lanzó el móvil de la víctima por encima de la valla del recinto.
El cuerpo de la víctima, quien recibía tratamiento por su adicción al alcohol, no presentaba signos de defensa por lo que la muerte obedece «a un mecanismo contusivo». La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de homicidio con abuso de superioridad (reclama 15 años de cárcel), robo con violencia (cinco años) y una estafa (cinco meses). Además, el ministerio fiscal solicita una indemnización de 50.000 euros para los padres de la víctima mortal.
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