El curso escolar arranca con medio centenar de frentes judiciales pendientes

La judicialización de la política educativa marcó la primera legislatura del Botánico. Fue un indicativo de la cantidad de cambios que afectaron al sistema y del descontento de algunos sectores. Aunque el número de recursos presentados decayó en la recta final del mandato, son muchos los frentes abiertos que una vez resueltos pueden influir en la organización de los centros, las asignaturas, las ayudas, las lenguas o la jornada. Al menos hay 49 causas pendientes de resolverse, ya sea en primera instancia o, tras el consiguiente fallo, por haberse recurrido ante el Supremo.

El tratamiento de los conciertos suma el mayor número de causas. Hay seis sentencias que anulan parte del decreto que regula el procedimiento de renovación, básicamente porque el TSJCV consideró que contravenía la jurisprudencia, mientras que 20 colegios recurrieron la pérdida de fondos públicos en aulas de Bachillerato. En todos los casos el tribunal les ha dado la razón. Los fallos han sido recurridos por la administración ante el Supremo, por lo que todo dependerá de su pronunciamiento. En juego está la recuperación del concierto para decenas de aulas y el mantenimiento o modificación de la norma citada. Además, hay otro paquete de sentencias que afectan a ciclos de FP y a Infantil, si bien en varios la conselleria ha aceptado el criterio del TSJCV, por lo que han quedado cerrados.

Tras la polémica que rodeó al primer decreto del Consell, que fue derogado ante la cantidad de recursos presentados (que luego fueron estimados parcialmente), se impulsó en Les Corts la Ley de Plurilingüismo, que no ha llegado a ser cuestionada por ningún tribunal aunque hay batalla en cuanto a sus consecuencias. Padres de cinco colegios han presentado un contencioso contra sus proyectos lingüísticos (PLC), los que determinan el peso de las lenguas. En cuatro el valenciano es mayoritario y en el otro tiene más presencia el castellano. Si se estiman, implicarían la modificación de los programas, así como abrir la puerta a más recursos en caso de nuevas modificaciones de los PLC.

El TSJCV se ha pronunciado sobre el recurso del Arzobispado contra los cambios horarios de la asignatura. No ve irregularidades en la reducción de la ESO, pero sí obliga a ofertar la materia en 2º de Bachillerato, acogiéndose a la reciente jurisprudencia del Supremo. Educación ha recurrido en casación, por lo que la causa sigue abierta. Por su parte, los sindicatos USO y Apprece también han recurrido la normativa de referencia, aunque según explican aún no hay sentencia. El segundo tiene pendiente otra demanda por los cambios de Primaria, así como contra las instrucciones sobre agrupaciones horarias publicadas en 2016.

Los recursos impulsados por familias de diferentes centros contra el horario intensivo han tenido distinto recorrido. Tres han derivado en sentencia estimatoria, anulando el cambio -dos- y el procedimiento de urgencia que ideó la conselleria en 2016 -las tres-. Han sido recurridas en casación, por lo que habrá que esperar para conocer las consecuencias prácticas. Hay otro, aún pendiente, basado en que se autorizó la modificación pese a que pedagógicamente no estaba fundamentada.

Las patronales concertadas Feceval y Escuelas Católicas y los sindicatos Fsie y USO han recurrido la orden de pago delegado, que recoge los trámites relacionados con el abono de los salarios de sus docentes. Se cuestionan requisitos en cuanto al pago de complementos salariales o el procedimiento fijado para abonar las nóminas de algunos profesores sustitutos, entre otras cuestiones

La orden de bases del bono infantil, la ayuda que financia la escolarización en guarderías (de cero a tres años), ha sido impugnada conjuntamente por las patronales Escuelas Católicas, Feceval y Acade Adeiv. Cuestionan la gratuidad selectiva, pues esta sólo llega a los niños de dos años de la red pública.

Feceval ha recurrido el programa porque los auxiliares, estudiantes nativos que ayudan a fomentar la práctica oral del inglés, sólo llegan a centros públicos pese a que los concertados están sujetos a los mismos objetivos en materia lingüística.

La patronal anterior ha tomado el mismo camino en relación a las ayudas que se dan a alumnas que cursan ciclos de FP donde las mujeres son muy minoritarias con el objetivo de feminizar la matrícula. El motivo es similar: se idearon sólo para las que estudian en la red pública.

Escuelas Católicas ha impugnado la norma que permite rebajar el máximo de alumnos por aula en los centros de 34 localidades (hasta 23 niños, en lugar de 25). Ha conseguido la suspensión cautelar para este curso y ya ganó una demanda similar en relación al ejercicio 2017-2018, pero no tuvo efectos prácticos.

Un centenar de aspirantes a maestros que se presentaron a las oposiciones de 2018 se han unido en un recurso conjunto al considerar que hubo irregularidades e incluso filtraciones que lesionaron su derecho a concurrir en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.