La Fiscalía pide penas de 22 años de prisión para el líder de la trama del oro

La Audiencia Nacional (AN) juzga desde este próximo lunes a siete presuntos integrantes de una trama supuestamente dedicada a la compraventa de oro con la finalidad de eludir el pago de las obligaciones fiscales derivadas de las ganancias obtenidas de sus actividades de comercio mayor de metales preciosos. Este tipo de negocio había crecido de manera exponencial con la llegada de la crisis económica: de 44 casas de compraventa de oro en 2010 se pasaron a unas 230 en apenas dos años.

La operación policial, desarrollada hace más de una década y con su epicentro en la provincia de Valencia, se convirtió en una macrocausa dividida en diferentes piezas judiciales. En una de ellas, por ejemplo, el caso se saldó recientemente con una severa condena para Rafael V. un empresario de Xirivella que utilizaba a 'factureros' para justificar la venta de metales preciosos por un precio superior al real. De esta forma ocultaba su beneficio real y pagaba menos del impuesto de sociedades.

El asunto que comienza a juzgarse este lunes sigue una operativa similar, según el escrito de acusación de la Fiscalía. El ministerio público solicita penas de cárcel que van desde los 22 años de prisión hasta los 3 años de cárcel. En concreto, la petición más alta recae en Luis O., presunto líder de la trama, a quien el Ministerio Público imputa cuatro delitos contra la Hacienda Pública en relación al impuesto de sociedades.

Además, el Ministerio Público pide imponer 14 años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública a Lorenzo R. S., Francisco Javier R. M., Francisco B. R. y Vicente O. A.. Por otro lado, reclama tres años de cárcel para José G. y cuatro años de prisión para Juan A., así como multas a las mercantiles MDOR Valencia 2009 y Orseval S.L.

La Fiscalía relata el funcionamiento de la organización. «Personas dedicadas a la compraventa de oro (mayoristas), entre los ejercicios 2010 a 2013, con la finalidad de eludir el pago de las obligaciones fiscales derivadas de las ganancias obtenidas de sus actividades de comercio mayor de metales preciosos, se concertaron con otros individuos (factureros) para que estos simularan facturas de venta de género con las que justificar tanto su adquisición como un importe superior al real y de esta manera ocultar su verdadero margen de beneficio».

«Efectivamente, el beneficio obtenido de la adquisición del oro a minoristas (cuya media ponderada era del 18,90% en 2011 y del 16,10% en 2012) se reducía por los acusados en sus declaraciones tributarias aparentando por medio de tales facturas su adquisición al por mayor. Las actividades mercantiles eran desarrolladas por los acusados por medio de las entidades MDOR Valencia 2009, S.L. y Orseval, S.L.», apunta el escrito.

La acusación pública señala que MDOR Valencia 2009 fue constituida por Ordoño para «la compra y venta de oro». «Parte significativa de dicho metal era adquirido por cauces irregulares y de personas desconocidas, por lo que, con la finalidad de justificar su origen, Ordoño se concertó con los factureros para que le proporcionaran facturas mendaces con las que simular tales adquisiciones como si fueran al por mayor», añade.

La Fiscalía asegura que, «del mismo modo, les indicaba a tales factureros cantidades más elevadas en los importes de tales facturas con objeto de simular un mayor gasto que minorara sus beneficios y así eludir el pago del correspondiente impuesto de sociedades».

El escrito detalla que, por su parte, Lorenzo Ribes convino con Ordoño «la elaboración de facturas a sabiendas de que con ello se facilitaba el medio indispensable para la justificación del origen del metal, aparentando que era al por mayor, que éste adquiría de manera irregular al por menor, para incrementar los gastos a deducir y de que con ello permitía la obtención indebida de devoluciones fiscales con el consiguiente perjuicio para la Hacienda Pública».

Para la ejecución de tales fines, continúa la Fiscalía, empleó una serie de mercantiles «a cuyo nombre libró facturas mendaces». «Alguna de estas mercantiles fueron adquiridas o constituidas a nombre de terceras personas para lo cual Ribes Sintes se valió de las gestorías-asesorías de los acusados Francisco Javier Rodríguez Marco, Francisco Bernal Requena y Vicente Ortíz Almonacid», apunta.

Estos últimos, incide el Ministerio Fiscal, «plenamente conscientes de la finalidad para la que se les contrataba, aceptaron efectuar tanto dichas gestiones como las de las elaboraciones y presentaciones ante los organismos correspondientes de las facturaciones y liquidaciones tributarias correspondientes, a sabiendas de su mendacidad y amparándose en el ejercicio de su profesión».

A su vez, el acusado José Guerrero, «en confabulación con Ordoño», también convino el mismo mecanismo que el presunto líder había acordado con Ribes. Lo mismo ocurrió con Juan Amorós, que también habría participado de la elaboración de facturas.

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