El Gobierno dicta el despido de los trabajadores de La Marina de Valencia

El Consorcio Valencia 2007 se creó para la celebración de la 32 Copa América a través de un convenio entre el Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia el 1 de octubre de 2003. Una vez celebrada la competición, el Consorcio se mantuvo para explotar e impulsar esta zona de la ciudad tanto a nivel deportivo como económico y lúdico. El 1 de noviembre de 2021, el Estado decidió separarse del Consorcio y el 30 de mayo de 2022, con Ximo Puig al frente de la Generalitat y Joan Ribó como alcalde de Valencia, se decidió su disolución y liquidación.

A partir de ese momento se abrió un interrogante sobre qué iba a pasar con el personal de La Marina, muchos de los cuales llevan veinte años en su puesto de trabajo. La clave estaba en el tipo de disolución del ente. La ordinaria conllevaba la extinción y pérdida de personalidad jurídica del Consorcio por el cese absoluto de su actividad. La extraordinaria, en cambio, sí que abría la posibilidad a la sucesión de empresas y poder transferir en este caso a los trabajadores.

Los gobiernos del Botánico y del Rialto, con Puig y Ribó a la cabeza, optaron por la modalidad ordinaria para la disolución del Consorcio Valencia 2007. Al desaparecer la persona jurídica, implica la finalización de los contratos laborales, según el informe de la Abogacía del Estado. La resolución es un despido colectivo para los trabajadores.

El Ayuntamiento de Valencia, con la alcaldesa, María José Catalá al frente, ha mostrado durante los últimos meses su preocupación por el futuro de los trabajadores de La Marina. De hecho, el concejal José Marí Olano ha mantenido diversas reuniones en las últimas semanas con los afectados para analizar las posibles vías de solución y evitar el despido.

El 24 de noviembre, la alcaldesa remitió una carta a la ministra María Jesús Montero, de cuyo ministerio dependía el liquidador, en la que le pedía una reunión para analizar la situación de La Marina y trasladar las dudas sobre el proceso liquidador, entre ellas el contrato de los trabajadores. A la carta de Catalá nunca hubo respuesta por parte del Gobierno que en cambio, a través de la Abogacía General del Estado, sí que ha dictaminado el despido colectivo de los trabajadores.