La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Moncada ha terminado ya con las diligencias acordadas en su momento para aclarar el incendio en la residencia de Moncada que terminó con nueve víctimas mortales. En este compás de espera en el ... ritmo de la instrucción, la magistrada ha dado traslado a la Fiscalía para que impulse la investigación o, por el contrario, pida el archivo si considera que no existen indicios suficientes de criminalidad. En concreto, la providencia precisa que se trata sobre «la continuación del procedimiento».
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El desenlace del caso se inclina hoy por hoy hacia el sobreseimiento. De hecho, hasta la fecha no existen investigados en el procedimiento. La instructora optó por esperar los informes de los Bomberos y la Policía y proceder luego con la declaración de los testigos para conocer todas las circunstancias del suceso.
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Así, entre esas testificales, destacaron la del responsable de la alarma de incendios y el de la empresa encargada del mantenimiento de la instalación eléctrica de las dependencias geriátricas. En su momento, también compareció, en calidad de testigo, la directora de la residencia de Moncada.
Tras dos años de instrucción, la magistrada quiere que la Fiscalía se pronuncie directamente, al menos de manera indiciaria, sobre el fondo del asunto. Podría optar por el archivo o bien solicitar la práctica de nuevas diligencias lo que irremediablemente alargará la instrucción. El resto de partes personadas, lógicamente, también podrán plantear recursos ante cualquier decisión que se adopte en las próximas semanas.
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La tragedia de Moncada se inició con un cortocircuito causado por una regleta en la que había, al parecer, demasiados aparatos eléctricos enchufados. En la residencia, esa noche de enero de 2022, había 81 internos. Las llamas afectaron 14 habitaciones, todas ellas situadas en el ala del geriátrico donde se alojaban precisamente las personas que presentaban mayores problemas de movilidad.
Los trabajadores de la residencia, policías locales, bomberos, guardias civiles y miembros de Protección Civil sacaron en media hora al medio centenar de residentes que se encontraba en la zona afectada directamente por las llamas. Es una de las grandes tragedias de los últimos años en la Comunitat, como el reciente incendio en el edificio de Campanar o la tragedia de Todolella. Se trata de siniestros con un número importante de víctimas mortales.
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Asunto diferente a la responsabilidad penal es el pago de las indemnizaciones. En la cuenta del juzgado ya fueron consignados 140.000 euros, cantidad ingresada por la aseguradora de la residencia, gestionada por la empresa Gesmed.
Pero únicamente, según constaba en una resolución judicial consultada por LAS PROVINCIAS, se había aportado la mitad de la indemnización global ya que entienden que el resto debería correr por cuenta de la mercantil encargada del mantenimiento de las instalaciones. Las víctimas se opusieron a este razonamiento por diferentes motivos. Pero la instructora avaló el ingreso parcial por la mitad de la indemnización porque en ese momento no procedía efectuar «un discernimiento sobre la concurrencia de culpas, y por ende, sobre una hipotética distribución de la responsabilidad entre las aseguradoras».
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