La jueza encarga al Gobierno rastrear bienes del cabecilla de la estafa piramidal

La investigación patrimonial resulta clave en este procedimiento porque puede ser la única vía para reponer las cantidades desviadas. Sólo en esta causa se reclama algo más de un millón de euros. Otro grupo de afectados, que solicita la reapertura de la investigación en otro juzgado, también denunciaron un fraude cercano al millón. Sin embargo, las cantidades son notablemente superiores. Algunas víctimas han optado por no denunciar por un sentimiento de vergüenza o reputación empresarial.

La Oficina de Recuperación de Activos (ORGA) es una organismo creado hace casi una década en plena eclosión de casos de corrupción. No resulta habitual su intervención en casos de este tipo. Fue el despacho de Gómez Tejedor, abogado del grupo más numeroso de víctimas, el que solicitó la colaboración de los especialistas del Ministerio de Justicia.

La ORGA tiene como funciones el auxilio en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas de organizaciones criminales y en los delitos económicos más graves, como las grandes estafas. En Valencia, por ejemplo, se recurrió a ellos en la investigación a Alfonso Rus.

La magistrada ha concedido autorización para que se consulten ficheros como el de la DGT, Seguridad Social, todos los registros, como el Cirbe, el Sepblac. De igual modo, autoriza a los expertos el acceso a las entidades de crédito, aseguradores, de inversiones... Y también a efectuar búsquedas en ficheros de personas que se dediquen profesionalmente a la compra y venta de joyas y de piezas de arte y antigüedades. El encargo es de un año, según la resolución de la jueza.

Se trata de un paso más en una investigación cuyo final resulta realmente incierto. El cabecilla, que se introdujo a través de un colegio de élite de Valencia en un segmento de población de alto poder adquisitivo, ha desaparecido después de que surgieran las primeras sospechas acerca de su actuación con las dificultades para devolver las cantidades inicialmente prometidas, unos intereses altísimos, fuera de toda la oferta de mercado.

La mercantil bajo sospecha formalizaba lo que se conoce como «cuentas de participación» con los inversores ahora estafados. De esta forma participaban supuestamente en el negocio de la compra de material sanitario de China y EE UU para su venta en Venezuela. Al principio se pagaron altas rentabilidades. Luego estas desaparecieron. Los denunciantes sostienen que no existía esa actividad de negocio, que todo era una estratagema para captar fondos de los inversores.