La juez, sobre el líder de la estafa piramidal de los colegios: «generó confianza y admiración en el grupo de padres»

La instructora recuerda cómo Laureano y su pareja –también sobre ella pesa una orden de detención internacional todavía sin cumplir– fueron «generando confianza y admiración por parte de grupos de padres» del colegio dónde estaban matriculados sus hijos. Era un centro privado que habitualmente reúne a familias de alto poder adquisitivo. De esta forma los fue «seduciendo para participar en su negocio que presenta como muy rentable». Las víctimas, algunas representadas por el despacho de Gómez Tejedor, son parejas con suficiente capacidad económica como para invertir 50.000 euros sin alterar la economía familiar. Algunos incluso abandonaron su trabajo para sumarse a la empresa ahora investigada, Expa SL. Un socio del cabecilla repitió la presunta operativa en otro centro escolar de cierto prestigio.

La mercantil bajo sospecha, en un intento también de 'vender' prestigio y solvencia, tenía su sede en la calle Cirilo Amorós. Allí acudieron algunas de las víctimas cuando comenzaron los retrasos en el pago de las anunciadas rentabilidades. Las aportaciones económicas se generaban bajo la fórmula «contratos de cuentas de participación» sin que los inversores pudieran recuperar nada del dinero entregado. Las operaciones se completaron entre 2021 y 2022.

La titular del juzgado, en un análisis inicial de los hechos –y sin que esto condicione la calificación posterior de la Fiscalía o acusaciones particulares– enumeró los delitos que encajarían en la conducta desplegada por el cabecilla.

Así, considera que se da un delito de estafa agravada, castigado con penas de cuatro a ocho años de prisión. La considera agravada porque el dinero supuestamente desviado supera los 250.000 euros. Lo hace, además, con creces. Sólo en este asunto, una treintena de víctimas reclama al menos 1,5 millones de euros. Pero, además, existe otro grupo de afectados, captados por el socio de Laureano y también investigado en este procedimiento, que cifran la estafa en otro millón. Este asunto sigue pendiente de que otro juzgado reabra las diligencias después de acordar el archivo tras una investigación exprés. Algunos perjudicados, en cambio, no han querido denunciar por temor a que este caso dañe su reputación profesional o bien por vergüenza.

Aparte de la estafa, la juez aprecia la existencia de un delito de falsedad documental. Sería en esa especie de contratos de cuentas de participación que albergaban un supuesto negocio y, en realidad, sólo daba cobertura a la entrega de las cantidades económicas. Este delito está castigado con penas que pueden alcanzar los tres años de cárcel. La supuesta transacción consistía en la compra de material sanitario de China y EE UU para su venta en Venezuela. El cabecilla presumía de contactos con el Gobierno venezolano.

Y, además, la actuación del principal investigado también incurriría en un delito de blanqueo al tratar de introducir en el circuito económico las cantidades distraídas. Otra petición de cárcel que puede alcanzar los seis años de prisión. En total, si consideramos todos los ilícitos en su límite máximo, estaríamos ante un escrito de calificación de hasta 17 años de cárcel. Todo esto forma parte de la argumentación del auto para reclamar el traslado urgente del detenido a España en virtud del convenio de extradición entre ambos estados. Nada más aterrice será llevado a la prisión de Picassent.

La juez, en paralelo, rastrea todo el patrimonio y dinero vinculado a la red delictiva. Recientemente dio su autorización para la investigación de una cuenta en Lituania utilizada para transferencias de algunos pagos. De igual modo, la Oficina de Recuperación de Activos (ORGA), un organismo creado hace casi una década en plena eclosión de casos de corrupción, también trabaja ya en la localización de todos los tentáculos de la trama.