Una asociación vinculada al PP pide al juez que cite a Joan Ribó como imputado por la piscina ilegal de Alboraia

La Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular, está presidida por María Ángeles López, exalcaldesa de Catarroja y el abogado es Víctor Soriano, asesor del PP en el Senado. La entidad ya ha solicitado diligencias para tratar de aclarar la controversia. En primer lugar, reclama la declaración como investigado del exalcalde de Valencia Joan Ribó. De igual modo, solicita que se le comunique la existencia del procedimiento a Sandra Gómez, entonces vicealcaldesa y hoy eurodiputada. Era ella quien ejercía las competencias de urbanismo.

El motivo de no citarla directamente reside en su aforamiento, según explican en un escrito. Esto le protege de una eventual declaración como imputada en este juzgado ordinario, aunque el PP sostiene que podría hacerlo voluntariamente.

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En cualquier caso, el letrado Víctor Soriano adelanta que una vez agotada la instrucción, su intención es que el juzgado elabore una exposición motivada para que la causa pueda ser asumida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La piscina costó 1,2 millones de euros y se ubica junto al campo de fútbol. Se edificó sin licencia de obras ni ambiental. Y, además, en suelo no urbanizable al tratarse de huerta protegida. Los denunciantes apuntan a que los ediles de Alboraia habrían cometido un delito contra la ordenación del territorio.

Pero a lo anterior apuntan que la responsabilidad del Ayuntamiento del Ayuntamiento consiste en no haber abierto un expediente para restaurar la legalidad y tampoco un expediente sancionador para castigar esa conducta. «Los munícipes denunciados omitieron absolutamente dar cumplimiento a su deber legal de perseguir las infracciones urbanísticas, más si cabe en un suelo especialmente protegido por sus valores ambientales», mantienen.

El alcalde de la localidad, Miguel Chavarría, ha reconocido en sede judicial que la piscina se construyó con fondos del erario y ha adelantado que la demolerá en caso de que se lo ordenen las autoridades judiciales. De hecho, es que no tiene otra salida. El PP, además, pretende acusarlo también de un delito de malversación por el uso de fondos públicos. De igual modo, señalan que el arquitecto que participó en el proyecto y que ha declarado como testigo en sede judicial también podría tener responsabilidad penal. Las diligencias se encuentran todavía en una fase inicial.