Las alquerías amenazadas por el AVE no tienen aún ningún aviso oficial

El Ministerio de Fomento todavía no ha informado a los propietarios de las alquerías que el trazado del AVE afectará directamente a sus casas. Hace una semana los Ayuntamientos de la comarca recibían el estudio informativo del proyecto del tren de alta velocidad.

En el caso de Alboraya, dos son las alquerías afectadas por el trazado. Una de ellas es una vivienda particular y la otra, un conocido asador. Las propietarios de las dos edificaciones todavía no han recibido ninguna notificación. “Estoy muy preocupado”, señaló ayer el dueño el restaurante, “nadie nos ha dicho nada de forma oficial y no sabemos a quien acudir para que nos dé información”.

Por su parte, la propietaria de la otra alquería, de principios del siglo XX y totalmente restaurada, indicó que “no nos han informado de nada, espero que el actual trazado no sea el definitivo. Llevo aquí viviendo 10 años y alegaremos”.

La trayectoria del AVE desde las cocheras de la EMT en la Malvarrosa hasta Puçol discurre a cielo abierto por una zona predominantemente agrícola. El Ayuntamiento de Alboraya ya ha manifestado su intención de interponer un recurso contencioso ante la Audiencia Nacional contra el trazado del AVE, y para ello tendrá un plazo de dos meses.

Los propietarios de las alquerías acudirán a su Consistorio a pedir información “sabemos que el Ayuntamiento sí que tiene plazo de alegaciones, pero no sabemos cual es el nuestro”, explicó uno de los propietarios.

Próximo a la zona dónde esta previsto que circule el tren de alta velocidad también está planteada la ejecución del traslado del centro comercial de Port Saplaya. El Ayuntamiento planteó la posibilidad de comprar los terrenos a los propietarios afectados por el centro comercial, el tren de alta velocidad y el acceso norte al puerto.

La compra sería a precio de mercado. El planteamiento municipal favorecía a los agricultores de esta partida afectados por las infraestructuras, ya que sin conocer el trazado proponía un precio tres veces más alto que el pagado por las expropiaciones.