El Supremo salva al marjal de Pego-Oliva de las excavadoras

Pese a ocupar durante más de una década portadas de periódico, la riqueza y valor ecológico del marjal Pego Oliva no son conocidos por gran parte de la ciudadanía, ni siquiera en la Marina Alta. Para comprender el conflicto hay que remontarse a los años 70. El arroz era el rey del marjal. Lo que había sido una antigua albufera, fue cambiada por la mano del hombre y preparada por el gobierno para un rentable cultivo arrocero a través de desecaciones y de concentraciones parcelarias para repartir los campos entre los agricultores.

Frente a la declaración oficial del enclave como parque (1994) y las consecuencias de la regularización de usos que se acordó en el PORN, crece el descontento entre los propietarios que del día a la noche deben abandonar sus cultivos. Y aquí es cuando aparece Carlos Pascual que, a pesar de ir en contra de la ley como sentencia ahora el Supremo, se erige en defensor de los intereses de los agricultores de Pego. Otras teorías, sin embargo, dejan entrever que Pascual actuó presuntamente como cabeza visible de un constructor interesado en elevar el precio de los terrenos del marjal y al que no le interesaba que estas tierras se cerraran a la urbanización.

El entonces alcalde de Pego organizó todo lo necesario para infringir una continua desecación del marjal. 1996, 1997 y 1998 fueron años duros para los responsables medioambientales del marjal. Su director, Vicente Urios, necesitaba la compañía de agentes del Seprona para internarse entre los cañares. Hubo insultos, amenazas e incluso agresiones que se tradujeron en denuncias.

Pero el grueso de las actuaciones de las que se ha responsabilizado a Pascual y a José Orihuel, se ciñe a infracciones medio ambientales de las que eran “consientes” según atestigua ahora la sentencia.