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Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Buñol para mostrar la repulsa por el último crimen de violencia machista que se produjo en la madrugada del sábado en la urbanización de Venta Mina. El acto se celebró al mediodía y hasta el lugar se desplazó la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y el presidente y vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó y Natalia Enguix.
El asesinato se cometió por un hombre que había sido denunciado por violencia de género por su actual pareja, una joven argentina de 31 años. Él, de la misma nacionalidad, rondaba los 50 años de edad y ya había sido denunciado por su anterior compañera a quien precisamente llamó para confesarle su horrendo crimen. La víctima estaba en el fichero de Viogen, pero no contaba con ninguna orden de protección judicial como, por ejemplo, una medida cautelar de alejamiento.
Fuentes de la investigación comentaron que la Guardia Civil había hecho al menos una decena de entrevistas de seguimiento con la víctima e incluso en el expediente judicial existen dos informes que califican la situación de la joven como de riesgo alto. Una categoría en la que resulta extraño -no es habitual- que no dispusiera de una orden de protección.
Desde el Tribunal Superior de Justicia aclararon que existía un procedimiento por una denuncia por malos tratos y amenazas que se había presentado en Alzira, donde, al principio de la relación, vivía la joven. Esta denuncia se presentó por una psicóloga y fue ratificada por la víctima.
Este juzgado se inhibió al de Primera Instancia e Instrucción 3 de Requena cuando la pareja se trasladó a vivir a la citada urbanización, en el término de Buñol. La víctima compareció el pasado mes de abril y renunció a contar con medidas judiciales de protección tras manifestar que no tenía ningún temor. Y, a continuación, solicitó el sobreseimiento de la causa, algo a lo que en vía de informe no se opuso el Ministerio Fiscal. Esta petición, no obstante, estaba pendiente de resolver por el juez, aclaran desde el TSJ.
Bernabé aseguró este domingo que pondrán en marcha «una reunión de análisis para investigar desde todos los ámbitos el caso y dar más detalles». La dirigente adelantó que en los próximos días se pedirán «informes a todas las administraciones como lo hacemos siempre que sucede un caso como este», sostuvo. El comisionado de la Generalitat para la Violencia de Género, Felipe del Baño, fue un paso más allá y apuntó que es «el momento de reflexionar sobre el sistema de Viogen e ir de la mano sin distinciones políticas».
Además, se da la circunstancia de que el hombre era reincidente. Su anterior pareja también le denunció por violencia de género y, en su caso, sí tenía una orden de alejamiento. La pareja, al parecer, arrastraba problemas de consumo de drogas. De hecho, el agresor dio positivo en cocaína y alcohol cuando fue detenido.
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