El Sindic: «Los plazos de la administración para ayudas básicas se exceden de forma escandalosa»

La Sindicatura de Greuges ha advertido que los plazos de la Administración «se exceden de forma escandalosa» en asuntos «tan básicos como la Renta Valenciana de Inclusión, vivienda, atención a la discapacidad o dependencia y prestaciones de emergencia o sanitarias», de modo que son estas reclamaciones las que vuelven a concentrar las quejas ante esta institución. Según se recoge en la memoria anual de 2019, los retrasos de la administración para que los ciudadanos se beneficien de prestaciones o derechos concentran la mayoría de quejas al Síndic en 2019.

La demora en resolver los expedientes de Renta Valenciana de Inclusión ha provocado que las personas solicitantes se vean forzadas a demandar ayudas de emergencia en sus ayuntamientos de residencia. «Lamentablemente, los plazos de resolución no se cumplían con la Renta Garantizada de Ciudadanía y siguen sin cumplirse con la Renta Valenciana de Inclusión», apunta el síndic.

Igualmente, advierte sobre «demoras de hasta 16 meses en dependencia y discapacidad« y añade que »un año más, continúan siendo muy numerosas las quejas presentadas por demoras en la resolución del programa individual de atención (PIA) en los expedientes de dependencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas«.

Según esta memoria, la descentralización de la tramitación de los expedientes de dependencia en su primera fase (tramitación de la solicitud, grabación y valoración) hizo asumir a los ayuntamientos una carga de trabajo para la que no estaban preparados y, en muchos casos, siguen sin estarlo, a pesar de los incrementos de medios personales y materiales producidos por el aumento de las subvenciones de la Conselleria.

Las demoras llegan a superar los 16 meses en alguno de los centros de valoración de discapacidad, a pesar de tratarse de un procedimiento considerado de emergencia ciudadana (y su resolución debería producirse en un plazo máximo de tres meses.

Asimismo, se han tramitado numerosas quejas relacionadas con los retrasos en la tramitación de los títulos de familia numerosa, con el consiguiente perjuicio económico para estas. El Síndic ha recomendado a la Conselleria que realizase modificaciones en plazos y procedimientos y, sobre todo, incorporase medios personales y materiales que permitieran acabar con las demoras.

En materia de menores, se advierte «falta de coordinación en la protección», y recuerda el síndic que «la gran mayoría de quejas han sido iniciadas por familias acogedoras o por profesionales que atienden a menores que se encuentran bajo alguna medida de protección«.

En cuanto a la violencia de género, en base a las quejas recibidas el Síndic ha detectado que «la ineficacia de las medidas de inserción sociolaboral y de acceso a una vivienda, por infradotación presupuestaria, dificultan que las víctimas alcancen su recuperación integral, consiguiendo independencia económica y superando circunstancias precarias«.

El estado de las infraestructuras educativas también ha sido motivo de numerosas quejas, tanto iniciadas de parte como también incoadas de oficio por esta institución, ante las «preocupantes noticias relativas al escaso mantenimiento o deficiente conservación de los centros o a la falta de construcción de nuevos centros docentes que sustituyan ya a los conocidos como barracones«.

Otros problemas objeto de abundantes quejas han sido la falta de educadores en educación especial y de recursos de apoyo, las «enormes dificultades que las administraciones públicas valencianas encuentran para adjudicar una vivienda pública a las personas que, estando en una situación de pobreza en vivienda, se dirigen a ellas para reclamar que pongan a su disposición un alojamiento estable» o la falta de transparencia.

«Desde la entrada en vigor de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana, estamos experimentando un progresivo y notable aumento de las quejas recibidas en estas materias, las cuales son presentadas por ciudadanos de a pie y, sobre todo, por concejales«, se ha destacado.