La trama del oro se salda con 18 años de prisión para un empresario de Xirivella

La causa se dividió en numerosas piezas, la primera de ellas, acaba de ser juzgada en la Audiencia Nacional. El resultado es un severo castigo para Rafael V. un empresario de Xirivella que utilizaba a 'factureros' para justificar la venta de metales preciosos por un precio superior al real. De esta forma ocultaba su beneficio real y pagaba menos del impuesto de sociedades.

En esa operación con los factureros, en realidad, se camuflaba la compra de oro a personas desconocidas y así en la contabilidad se hacía pasar como compras al por mayor, explican los magistrados.

Rafael V. era el «director» del entramado, formado por las empresas Orvavalencia-Gimeno y Goldplus Valencia, entre otras sociedades. La sentencia de la Audiencia Nacional le impone 18 años de prisión. El reproche penal se eleva porque se castiga cada delito fiscal junto a la falsedad documental por cada una de las empresas y por cada uno de los ejercicios defraudados. De hecho, el tribunal ha decidido rebajar la pena que le correspondería (33 años) porque la considera «absolutamente desproporcionada».

La facturación de sus sociedades rondaba los 400 millones de euros, admitió en el juicio. Pero como sostienen los investigadores no tiene demasiado sentido empresarial ese volumen de ventas para terminar perdiendo dinero. Las citadas sociedades se aprovechaban del conglomerado conocido como Grupo Ribes, en manos de Lorenzo R. para recibir facturas mendaces.

La primera de las empresas de la trama, gracias a estas prácticas, logró defraudar cerca de siete millones de euros a la Hacienda Pública. A esta cifra hay que sumar otros dos millones de Goldplus. Un fraude de cifras relevantes para el fisco.

El ahora condenado explicó que se había dedicado desde 2007 a la compra de oro al por mayor y al detalle y que luego lo fundía y se lo vendía a Oro-Direct Sale. «No es cierto que con esas facturas justificase la adquisición del metal en B», se defendió en el plenario.

Los acusados del grupo de factureros, en cambio, reconocieron su participación en la trama. Estos colaboradores han sido condenados a un año y nueve meses de prisión al aplicarse la atenuante de confesión.

«Estaba arruinado», admitió Ribes para caer en esta práctica. Lo que hizo fue modificar el objeto social de algunas de sus empresas ya que inicialmente eran del sector de la construcción. También, de paso, les cambiaba el testaferro. Los joyeros le daban una relación mensual de las facturas que había que elaborar y él cumplía con ese propósito. Pero afirmó que desconocía qué hacía con ellas la empresa matriz.

En las conversaciones telefónicas, no obstante, llegan a amenazar al empresario con desvelar que parte del oro era robado si no les pagaban, tal y como recordó un investigador de la Policía Nacional. Oro-Direct, según la AEAT, declaraba todo lo que enviaba a Suiza, pero necesitaba justificar lo que compraba con lo que trasladaba el problema a sus proveedores, los que tenían que acudir a empresas que les suministrasen facturas falsas.