Una veintena de víctimas de la estafa piramidal reclaman a otro juzgado de Valencia que reabra la investigación

Vicente Riaño, abogado de este grupo de afectados, una veintena entre personas físicas y jurídicas, trata de revocar la decisión que en su día adoptó la magistrada. Para ello, ha presentado un escrito, en el que adjunta algunas de las informaciones publicadas en las últimas semanas por LAS PROVINCIAS y cuyo contenido considera novedoso, relevante y suficientemente significativo para desempolvar el expediente.

Por un lado, recuerda la operativa de los cabecillas. En ambos grupos, el germen son dos colegios de prestigio en la provincia de Valencia. El letrado señala que la fórmula para captar fondos serían unos contratos de cuentas de participación en operaciones de comercio internacional. «Exactamente igual a los que presentamos en nuestra querella», subraya.

Los partícipes, conforme a los contratos, recibirían los rendimientos pactados según el importe de su aportación al supuesto negocio. Sin embargo, los negocios para los que se realizaron las aportaciones eran inexistentes, por lo que, en realidad, los inversores reciben los rendimientos con cargo a aportaciones de otros inversores.

La titular de Instrucción 2 de Valencia, con el visto bueno del fiscal, ya ha acordado la orden de busca y captura para el supuesto cabecilla de la red. Se sospecha que se encuentra refugiado en Venezuela. Tiene la doble nacionalidad, junto a la española. Este es otro de los argumentos esgrimidos para forzar la reapertura de las pesquisas.

Las excusas se han compartido en ambos juzgados. Los investigados presentaron en Instrucción 2 un pantallazo de una cuenta en EE. UU., con un saldo de 21 millones de euros, para justificar la existencia del dinero y apuntar a un problema burocrático de retención de fondos. En Instrucción 17, donde llegaron a declarar como querellados, aportaron otra imagen de una cuenta con un saldo de 9 millones. El letrado apunta a la «falsedad» de ambas informaciones.

«No se trata de unos negocios que hayan salido mal, sino de que los querellados habrían urdido una trama para captar a gran número de inversores, a los que les hacen creer que iban a financiar operaciones para llevar contenedores con material desde China o EE. UU. a Venezuela, siendo todo ello falso y exclusivamente para su propio beneficio», explica el letrado.

El abogado aporta, además, otros detalles que constituirían indicios de criminalidad por parte de los denunciados. En un primer caso, el hecho de que se hayan fugado y no hayan comparecido cuando se les reclamaba el pasaporte en Valencia. «La desaparición y ocultación de los investigados, ya de por sí, impediría el cumplimiento de los contratos firmados».

Pero, además, subraya que no puede ser «casualidad» que dos grupos de personas que no se conocen de nada, sin relación entre ellos, acusen a tres personas exactamente de las mismas prácticas. Los investigados son un matrimonio que captó víctimas en el colegio de sus hijos, y el socio de ambos, también con responsabilidades en la citada empresa, que sin embargo extendió sus prácticas en otro reputado centro educativo. Este sospechoso, al parecer, ejercía las labores de director comercial. Recibía un 20% de los beneficios globales de la matriz a través de otra mercantil.

Los afectados piden que se reabra la causa y que se pida información de lo ya instruido en el otro juzgado con tal de no repetirse las mismas diligencias en el caso de que la instructora acepte la reapertura de la investigación. En ese estadio podría plantearse la acumulación de los procedimientos en un único juzgado ya que los hechos son idénticos y los supuestos responsables coinciden. El letrado comunica, además, que ha tenido conocimiento de una tercera denuncia por lo que pide que se oficie al decanato para que informen de todas las denuncias presentadas contra estos tres directivos y la mercantil. Todo está ya en manos de la magistrada de Instrucción 17.