Admitida a trámite la querella criminal de Libertad VCF contra el consejo del Valencia

Libertad VCF, la convocante de la concentración del sábado durante el partido ante el Celta en Mestalla, sigue a su vez dando pasos judiciales en su batalla contra la gestión de Meriton. Este jueves, la asociación anunció que el Juzgado de Instrucción nº 11 de Valencia ha admitido a trámite la querella criminal interpuesta contra todos los miembros del Consejo del Valencia (Anil Kumar Murthy, Ser Miang Ng, See Hiang Chang, Khirn Hai Alvin Yeo, Kim Huat Koh, Ho Chee (Raymond) Cheah, Khojama Kalimuddin y Joey Matthias Lim) con la siguiente argumentación: «Tiene su origen en la presunta comisión de un delito societario del artículo 293 del código penal, por hechos acontecidos con ocasión de la última junta general de la entidad celebrada en diciembre del año 2021, y se concreta en la denegación de la información solicitada por Libertad VCF y sus miembros acerca de los préstamos capitalizados por Meriton Holdings, y el valor de la prima de emisión de 14 euros adoptada para las ampliaciones de capital sometidas a la consideración de tal junta».

Tras la decisión, el juzgado ya ha acordado solicitar a las notarías correspondientes la remisión de una copia de las correspondientes escrituras de préstamo e, igualmente, la remisión de un oficio al Secretario del Consejo de Administración del Valencia, Germán Cabrera, a fin de que aporte los documentos que pudieren justificar el valor de la prima adoptada, explica la asociación a través de un comunicado. Libertad VCF sigue reivindicando, a su vez, cambios en la junta: «Toda esta tarea de fiscalización sería más sencilla con un consejero independiente votado por la afición como demandamos que se incluya en la reforma de la Ley del Deporte actualmente en tramitación».

José Benítez, responsable jurídico del colectivo, valoró la decisión: «Las dos ampliaciones han sido una jugada más de Meriton para diluir al pequeño accionista. Lo que más nos llamó la atención, fue la elevada prima de emisión de 14 euros sobre el valor real de las acciones, que actualmente son de 6. Es decir, cada accionista tenía que pagar 20 euros por acción, si quería mantener su porcentaje. Utilizar este instrumento, para obligar a los accionistas a pagar un sobrecoste, y este tipo de primas deben estar bien justificadas según la Ley de Sociedades».