La UE agota el plazo para recurrir contra el Valencia

El calendario no entiende crisis sanitarias ni tampoco de fútbol. Por eso, conforme van pasando los días uno de los frentes que todavía tenía algo ensombrecido al Valencia se está despejando. Se han cumplido dos meses y medio ya desde que se hiciera pública la sentencia que salvaba al club de Mestalla de pagar 24 millones de euros a la Unión Europea.

Aquel 12 de marzo pasado, cuando nadie por entonces podía presagiar que el escenario mundial se iba a venir abajo en todas las estructuras, el Valencia le había ganado el pulso 'más largo' de la historia a Bruselas, después de que el Tribunal General de Luxemburgo dictaminara que el club no estaba obligado a pagar ninguna multa en un litigio que comenzó en julio de 2016 y que también afectaba a Elche y Hércules. Además, este mismo Tribunal fue también poco condescendiente con los argumentos que la Comisión había establecido para fundamentar el castigo a los blanquinegros, echando abajo esa línea argumental que decía que toda la operación se hizo porque el Valencia estaba en una profunda crisis y sin posibilidad de generar recursos.

Bruselas, que durante cuatro años estaba azotando jurídicamente al Valencia, tuvo que claudicar finalmente aunque, eso sí, tenía posibilidad de presentar un último recurso (de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE) en un plazo de dos meses después de que se hiciera pública la citada resolución. Han pasado los días y aunque es verdad que por la pandemia ha habido una reciente directiva (5-5-2020) del Tribunal que recoge la posibilidad de que se amplíen los plazos para presentar recursos si lo solicita la parte recurrente, de momento no hay ningún tipo de constancia de que la UE haya realizado un movimiento en cualquiera de los sentidos. Ni recurso ni petición para tener más tiempo para prepararlo.

Desde el Instituto Valenciano de Finanzas, uno de los actores más importantes de todo este asunto, ayer mismo daban prácticamente por hecho que se podía dar por agotado todo este asunto, aunque admitían no haber recibido ninguna comunicación desde Bruselas. Ese silencio tranquiliza también de alguna manera al Valencia, puesto que siempre que la UE se ha pronunciado o ha dado muestras de hacer alguna acción, el IVF ha estado al tanto de ello.

Hay que recordar que este organismo, dependiente de la Conselleria de Hacienda que preside Vicent Soler, ha ejercido un papel fundamental en todo este proceso porque mientras que por una parte se mostraba aparentemente firme con las resoluciones que exigían el cobro al club, por otro trabajaba codo con codo con los propios abogados del Valencia para preparar la estrategia de defensa ante lo que se consideraba una actuación totalmente correcta, como fue el haber avalado en 2009 el préstamo que Bancaja dio a la Fundación para comprar acciones.

La Comisión consideró que ese respaldo del IVF tenía la categoría de ayuda estatal y era por lo tanto imputable también al Reino de España, por eso los abogados del Estado participaron directamente en todo momento en la argumentación valencianista.

La consecuencia más directa del final de esta larga y farragosa película es que el archivo definitivo del caso obliga a Peter Lim a liberar los cinco millones de euros que tenía congelados del pago a la Fundación por la compra de acciones. Lim abonó 95 millones a la Fundación para controlar aquel 70,6% (luego lo aumentó con la ampliación) mientras que otros cinco, tal y como se pactaron en el escrito de compraventa accionarial que firmaron los patronos, estaban pendientes de la multa de la UE.