La Audiencia Nacional desliga al empresario valenciano Víctor Oñate del caso Soule

El juez de la Audiencia Nacional Luis Francisco de Jorge ha resuelto que el empresario valenciano Víctor Oñate, que en su día fuera empleado del Valencia CF, no tuvo nada que ver con la trama 'Soule', que afecta a la Federación Española de Fútbol en la etapa presidida por Ángel María Villar y que se está investigando por la Fiscalía contra la Corrupción desde 2015 y por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional desde abril de 2017.

Oñate, propietario junto a David Villa del Grupo DV7 que opera a nivel internacional en el mundo del fútbol, prestó servicios de externalización entre 2009 y 2015 a la RFEF a través de la sociedad VOS Sportsmarketing & Entertainment SL. Tras investigar estos servicios, la UCO de la Guardia Civil ya descartó que existiera irregularidad alguna y que se hubiera beneficiado a la sociedad. Ahora, tras años de instrucción, tanto el Ministerio Fiscal como el Juzgado han decidido que el valenciano deje de tener la condición de investigado.

El juez de la Audiencia Nacional acordó sobre un total de 18 personas el archivo de la causa sobre presuntas irregularidades en la Federación. Así lo establecía el magistrado en un auto en el que decretaba el sobreseimiento de esas 18 personas entre las que, además de Oñate, estaban s exdirigentes federativos y empresarios, y cuatro jurídicas que se encontraban investigadas, a la vista de lo solicitado por el Ministerio Fiscal al no haber quedado debidamente acreditada su participación en los hechos.

También se archivaba para la exdirectora de la selección española de fútbol, la valenciana María José Claramunt, así como para los presidentes en la época de las federaciones de Madrid, Vicente Temprado; Comunidad Valenciana, Vicente Muñoz Castelló; Extremadura, Juan Espino; Murcia, José Miguel Monje; Ceuta, Antonio García Gaona, y Melilla, Diego Martínez Gómez.

El caso Soule salió a la luz el 18 de julio de 2017, aunque se inició por orden de otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a principios de 2016, por una denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) por supuesta administración desleal contra Ángel María Villar, presidente del organismo de 1988 a 2017.

Se investiga por posibles delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares a anteriores responsables de la RFEF, ya que el juez Pedraz consideró que Villar presumiblemente tejió un «entramado» y una red de «clientelismo» que permitió «el desvío de millones de fondos, tanto públicos como privados, del ente federativo».

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