El Ayuntamiento concede al Valencia CF una licencia con condiciones para que reanude las obras del nuevo Mestalla en enero

A finales de junio, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, adelantó que el tema estaba a punto de desbloquearse y dos semanas después se ha dado el paso definitivo. De esta manera, desencalla el gran problema urbanístico que vivía la ciudad desde hace años y el máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, tiene la oportunidad de cumplir de una vez con su compromiso de terminar el nuevo estadio valencianista.

El documento aprobado por el Ayuntamiento, que cuenta con todos los informes técnicos que garantiza su viabilidad jurídica y al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, no es un cheque en blanco para el Valencia, ya que se fijan unas condiciones al club muy exigentes y se penalizará el incumplimiento de los plazos del proyecto.

Una vez la licencia se haya notificado, el Valencia deberá remitir en un plazo de tres meses el proyecto de ejecución del nuevo estadio y empezar las obras en un plazo de medio año, por lo que las máquinas deben volver al nuevo Mestalla como muy tarde el próximo mes de enero. Además, el estadio debe estar acabado en 30 meses, y no en 42 como pedía el club de Mestalla.

Los plazos nunca deben formar parte de un compromiso verbal, ya que el club junto al proyecto tiene que presentar un calendario con la consecución de determinados hitos que avalen que las obras se van a terminar en los 30 meses previstos.

El proyecto que se debe presentar en un plazo de tres meses deberá estar visado por un colegio profesional para un estadio de 70.000 espectadores. La construcción no se podrá utilizar hasta que no cuente con las obras de urbanización terminada y además debe presentarse un estudio de seguridad.

Las condiciones leoninas impuestas al Valencia implican que si en seis meses no se han iniciado las obras, el club de deberá aportar una garantía financiera del 100% del coste de la construcción que quede por terminar y la deberá entregar en un plazo de quince días desde que sea requerida por el Ayuntamiento.

En el caso de que no se hayan reiniciado las obras del nuevo Mestalla y de que el Valencia CF no aporte esa garantía financiera, la licencia urbanística se dará por caducada, quedará derogado el Plan de Actuación Territorial Estratégica, se eliminarían las licencias urbanísticas y se recuperaría la vigencia de la ordenación anterior.

Además, se resolverían los convenios firmados con el Ayuntamientos en los años 2005 y 2007 y se abriría la posibilidad de exigir la indemnización que se considerara oportuna por el incumplimiento.

Las mismas condiciones se establecen en el caso de que el Valencia interrumpiera las obras del nuevo estadio de manera injustificada y sin que estuviera motivada por una causa de fuerza mayor.

El objetivo del Ayuntamiento es que los intereses de la ciudad queden blindados ante los posibles incumplimientos del Valencia CF y al mismo tiempo desbloquear un proyecto con las máximas garantías legales si no se cumplen los acuerdos suscritos.

Además, uno de los puntos clave de este acuerdo y que va más allá de lo que pedían los grupos de la oposición, es que el Valencia perdería las plusvalías urbanísticas en el caso de no cumplir con el proyecto, Lim perdería sus privilegios y todo volvería al punto anterior a los convenios formados al inicio de las obras.