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El Ayuntamiento de Valencia desempeñará a partir del 15 de mayo, cuando concluya el periodo concedido para la ATE, un nuevo papel en el futuro del Valencia, al que puede 'sancionar' de alguna forma solicitando una compensación económica más allá de la pérdida de la garantía establecida. Hasta esa fecha es la Generalitat la que tiene la sartén por el mango en lo que se refiere a la posible concesión o no de una prórroga. Pero tras las palabras y el posicionamiento tanto de Peter Lim en boca de Anil Murthy como de Ximo Puig tras la última entrevista que tuvieron, descartada la vía de la prórroga, la pelota pasa según los expertos consultados por este diario al Ayuntamiento de Valencia, hasta ahora un actor secundario en lo que a la ATE y la negociación para darle más vida se refiere. Y serán los políticos los que decidan si el Valencia debe resarcir al Ayuntamiento por no haber construido, por ejemplo, el pabellón para el barrio de Benicalap cuyo coste estaba fijado en unos 6 millones de euros, así como otra serie de compensaciones urbanísticas que podrían estirar la cifra global, garantía incluida, hasta los 14 millones.
Dicha construcción tenía que estar situada sobre los más de 14.500 metros cuadrados existentes en la calle Nicasio Benlloch, justo enfrente del futuro estadio, en la zona sudeste de la parcela. Lo curioso es que en el primer proyecto se dijo que el pabellón debía estar acabado en 2009, justo el año en el que el Valencia paralizó las obras del estadio por falta de liquidez.
Ribó ya ha dicho que el Ayuntamiento pedirá ese día 15 la caducidad de la ATE y será en ese momento cuando le corresponda al Ayuntamiento capitanear el procedimiento de enterramiento de dicha ATE. El periodo se puede estirar hasta un año y durante todo ese tiempo serán los técnicos municipales los que deberán primero inspeccionar la obra y constatar efectivamente que no se ha cumplido con los acuerdos previstos, algo que muchos daban por hecho desde hace mucho tiempo pese al silencio que incomprensiblemente han mantenido los políticos hasta hace un año aproximadamente. Después, y según se recoge en los procedimientos que marca la ley, deberá notificar a las partes abriéndose posteriormente un plazo para recoger alegaciones y recursos.
Todo eso, lógicamente, si el Valencia decide mantener la misma postura que hasta ahora, a pesar del evidente riesgo que corre de que sus cuentas se vengan totalmente abajo hasta el punto de arrastrar a la sociedad a la temida causa de disolución. Pero lógicamente, esa es una cuestión que afectaría al Valencia. Salvo que Peter Lim decida, como se baraja, proceder a una nueva ampliación de capital que posibilite al príncipe de Johor inyectar dinero, el Valencia empezaría a zozobrar porque, entre otras cosas, sus activos –ahora con una cotización urbanística del suelo espectacular gracias a la ATE– perderían dicho valor. El panorama sería tétrico y afectaría directamente también a Bankia, por las hipotecas que tiene.
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