«Lo tenía claro desde el primer momento, no tenía ningún sentido y cuando se planteó en su día pedir el préstamo nunca se nos pasó por la imaginación que esto podía acabar en un tribunal años después». Manuel Llorente hablaba con su habitual convencimiento al poco de conocer este jueves la sentencia que exime al Valencia –incluye también al Elche– de pagar la famosa multa de 24 millones que en julio de 2016 impuso la Unión Europea. Él fue uno de los que participaron directamente en 2009 en aquella operación de salvamento político-financiera diseñada para inyectar por un lado 92 millones de capital al club y, por otro, evitar que la sociedad cayera en manos extranjeras (Dalport). Aunque protagonista directo, en realidad el Valencia no intervino formalmente, algo que sí hicieron la Fundación (Társilo Piles), Bancaja (José Luis Olivas) y Conselleria (Gerardo Camps), a través del Instituto Valenciano de Finanzas (Enrique Pérez Boada), que actuó como avalista.
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Ayer por la mañana, después de más de tres años y medio de debates jurídicos, dictámenes y recursos para evitar el pago, la propia Unión Europea se autoflagelaba al considerar el Tribunal General de Luxemburgo (presidido por el finlandés Heikki Kanninen) que la Comisión Europea cometió, entre otras muchos deslices, el de creer que ningún banco sería capaz en aquel entonces de prestar ese dinero al club bajo el argumento de que se encontraba en una evidente crisis. El varapalo a Bruselas es mayúsculo porque le ataca por diversos flancos y aunque tiene por delante la posibilidad de presentar un recurso (de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE en un plazo de dos meses y diez días), la sentencia da un vuelco a todas las sensaciones que hasta ahora se venían manejando.
Básicamente, tumba la intención de Bruselas de «calificar» al demandante –en este caso el Valencia– de «empresa en crisis«; segundo al afirmar que las medidas »controvertidas cubrían más del 80 % del importe del préstamo« y, por último, al concluir que el club »no había pagado un precio de mercado«.
Germán Cabrera capitaneó el equipo de abogados (García-Gallardo y López Rus) que se han apuntado la goleada, con la colaboración de las dos letradas que en nombre del Reino de España respaldaron la postura. Los derrotados, los tres agentes representantes de la Comisión (Luengo, Stromsky y Nemecková), que en una larga sentencia de 208 párrafos se ven obligados a trasladar a la UE que ahora debe hacerse cargo de las costas judiciales, tanto las suyas como las del propio Valencia CF. España, como coadyuvante en este caso del club, se hará cargo de las suyas.
Habló sobre esto Anil Murthy en un comunicado que emitió el Valencia. «Siempre confiamos en la justicia europea y en la anulación de esta sanción por parte del Tribunal, por eso nuestra posición fue siempre muy clara, no era algo justo y no debíamos pagar nada hasta conocer la sentencia«.
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Entre las reflexiones que realiza Luxemburgo y que dañan la estructura de la postura de la UE, se indica que la Comisión «no respaldó suficientemente su afirmación de que no existía un precio de mercado para un préstamo similar no avalado», lo cual atribuía al «número limitado de observaciones de operaciones similares en el mercado». Es un constante bombardeo el que sufre la Comisión, a la que no deja en muy buen lugar que digamos, hasta el punto de señalar que se llega a «contradecir» al reconocer durante la vista que el patrimonio neto del club era positivo cuando pretendía sostener lo contrario. «La Comisión insistió en que el demandante realizaba 'operaciones a pérdida', en que no existía un plan de reestructuración fiable y en que, suponiendo que fuera posible apoyarse en el plan existente, la ejecución de dicho plan se basaba en la existencia de pérdidas en los cuatro primeros años«, en un intento de Bruselas para demostrar que las acciones tenían un valor »nulo«.
El Valencia lleva tres años recogiendo en sus cuentas una provisión de fondos tanto para la multa y por el caso Porxinos pero está a punto ahora de liberar una porción de ese dinero tras un conflicto que sirvió también de munición entre los políticos valencianos. «Es otro empastre del PP, que hacía fuera de la legalidad todo lo que le daba la gana«, llegó a decir la vicepresidenta, Mónica Oltra.
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Este viernes, precisamente, concluye el plazo que dio la Liga al Valencia para que pudiera fichar un central después de la grave lesión de Garay. Con el panorama que existe de incertidumbre, Celades se va a quedar con lo que tiene.
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